Nuestras jóvenes generaciones desconocen lo que fueron aquellas memorables jornadas de Ermua en julio de 1997, aquel sobrecogedor océano de millones de ciudadanos en toda España (de Barcelona a Ferrol y de Bilbao a Cádiz), que exigía a ETA que liberara a Miguel Ángel Blanco, concejal de la Villa de Ermua. No pedían al presidente Aznar que cediera al chantaje acercando a los presos de la banda a cárceles del País Vasco, como exigía el ultimátum terrorista. El Gobierno actuó como debía, con dignidad y heroísmo: no cedió. Y ETA a las 48 horas del secuestro asesinó al joven edil, manteniéndolo de espaldas y de rodillas hasta dispararle dos tiros en la nuca: solo la autopsia pudo aportar datos del atroz sufrimiento que aquella «cuenta atrás» le había supuesto. ¿Alguien se lo ha contado a los jóvenes en torno a los 25 años?

Menos aún, los que ahora rondan la veintena conocen aquellos gloriosos momentos de nuestra democracia –los más luminosos (con luz y taquígrafos) y ejemplares– en los que se aprobó en el Congreso de los Diputados por aplastante mayoría (95% de los votos a favor) la Ley de Partidos Políticos del 4 de junio de 2002, que propiciaría la ilegalización de los «brazos políticos» de ETA. Porque ETA no ha cambiado de objetivos –más aún, continúa, con una tozudez digna de mejor causa, en los mismos de siempre–, pero ha mudado innumerables veces de siglas, pero volvamos a nuestro hilo conductor, la aplastante y ejemplar unanimidad en la aprobación de la Ley de Partidos que permitió derrotar al terrorismo con la ley y sólo con la ley. He sido testigo de la admiración que suscitó este comportamiento del Gobierno, liderado por el PP de entonces, a colegas de otras democracias europeas. Ellos habían visto derrotar a terroristas en sus respectivos países, pero nunca supieron ni cómo, ni cuándo.

Tras los atentados en Madrid del 11-M de 2004, cuya autoría intelectual, explosivos, implicados y un largo número de interrogantes han quedado sin resolver, se desencadenaron una serie de acontecimientos que fueron la antítesis de las Jornadas de Ermua y que lograron desplazar la responsabilidad de los terroristas al legítimo Gobierno de España. Así, se promovió activamente un clima de enfrentamiento en el que el civismo dejó paso a la agresión y al insulto, la verdad a la calumnia, la libertad a la coacción, la evidencia a la duda sistemática y la cooperación a la desconfianza. ETA estaba agonizante, sin fondos, desprovista de toda legitimidad y con el Plan Ibarretxe descarrilado. Entonces, diseñó una estrategia en Cataluña, pactada en Perpiñán con ERC, en diciembre de 2003. ETA reconocía explícitamente poco después: «la acción armada del 11-M en Madrid ha abierto impensables expectativas a la izquierda abertzale».

En este contexto, Zapatero ganó las elecciones generales de 2004 y desde el comienzo de su mandato abandonó el eficaz Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo. Inmediatamente después, se aplicó en un Proceso de Paz pactado con ETA, en el que observamos absortos las cesiones que ponían de manifiesto el afán de contentar a la banda, no de derrotarla. Así llegaron los planes Nanclares para el acercamiento de los presos a la primorosa cárcel alavesa y su salida de la misma con un empleo (al mismo tiempo, seis millones de honrados ciudadanos estaban en el paro o incluso sin cobertura). Mientras, Zapatero vendía infatigablemente la idea de que los etarras «eran hombres de paz» o de «que sin armas todo es posible». En todos estos años el Gobierno negó toda negociación con ETA, aunque los hechos evidenciaban lo contrario. Llegó a plasmar en 2008 –a espaldas de los ciudadanos– un acuerdo con el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, para continuar con el «Proceso de Paz gobernara quien gobernara». Ingenuamente, Rajoy dilapidó el honorable trabajo realizado por su partido en la lucha contra el terrorismo, reduciendo a pavesas la ingente labor legal y ética de los que le habían precedido.

Con históricos etarras en «paradero desconocido» (De Juana Chaos, entre otros), 379 casos sin resolver, 3.000 atentados, 864 muertos y 7.000 heridos, se consuma «el borrón y cuenta nueva: aquí no ha pasado nada». Gracias al eficiente servilismo de tantos medios de comunicación y de no pocos jueces, con la educación y sus libros de texto en manos de cualquiera, sin operar la Alta Inspección de Estado (¿Qué sentido tiene si es competencia delegada a las CCAA?), películas y documentales desinformativos (aunque siempre nos quedarán los de Iñaki Arteta), el consentido desprestigio de los Cuerpos policiales, la exclusión de ETA de las listas internacionales de terroristas y un largo itinerario jalonado de cesiones cobardes, intereses espurios e irresponsabilidad, han resultado en tenerlos ahí: como socios del Gobierno, ocupando escaños en el Congreso de los Diputados, en el Senado, Parlamento de Vitoria, Diputaciones y en más de 130 Ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Aun así, a la hora asumir la responsabilidad civil de los atentados no faltan quienes se declaran insolventes y ésta es asumida por el Estado, es decir, por los contribuyentes. Parafraseando el dicho popular «entre todos la blanquearon y ella sola se camufló».

Inma Castilla de Cortázar Larrea es Catedrática de Fisiología Médica, vicepresidenta 1ª de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A). Hasta 2008 fue vicepresidenta de Organización y, desde entonces, presidenta del Foro Ermua.