Ataque a la inteligencia

Sabíamos que el instinto de supervivencia de Sánchez superaba de largo a su sentido de Estado. Esta semana hemos podido comprobar que también es mayor que su sentido común. La mala gestión de una crisis programada y exagerada desde el independentismo de los golpistas convictos y confesos, entregados como pocas veces al postureo quejumbroso del victimismo impostado, desde la creencia insólita de que las siglas CNI deben significar Centro Nacional de Indulgencia, con un Gobierno que ha dejado sola y aislada a la única ministra dispuesta a dar explicaciones coherentes en defensa del Estado, ha provocado el enésimo aprieto entre Sánchez y su catastrófica colección de socios.

Como ocurrió con todos los anteriores, un Sánchez agobiado por la necesidad de aprobar su decreto de medidas contra la guerra, y con tal de no pactar una rebaja de impuestos con el PP, ha cedido otro cachito del Estado a los partidos políticos que basan su programa en la destrucción de la España constitucional y democrática en la que vivimos. Lo ha hecho, de nuevo, llegando demasiado lejos, con la cooperación necesaria de la presidenta del Congreso, que ha seguido las instrucciones que desde presidencia se transmitió públicamente después de rendir pleitesía al Govern de Cataluña, modificando unilateralmente la mayoría parlamentaria que era necesaria para que fuerzas políticas como Esquerra o la CUP, que defienden el golpismo, y Bildu, que justifica y enaltece el terrorismo, pudieran formar parte de la Comisión de secretos oficiales del Congreso.

Que Bildu acceda al corazón del Estado y fiscalice al CNI marca un punto de inflexión, porque supone que Otegi, a través de la diputada Aizpurúa, conozca cómo nuestra nación combate las amenazas separatistas contra la unidad de España. Se dan todos los elementos típicos del sanchismo: ataque a la división de poderes, arbitrariedad, sumisión y, sobre todo, irresponsabilidad. Continúa el blanqueamiento de Bildu, un partido que sigue, ya no sin condenar como es debido, sino justificando y dando coartadas retroactivas al terrorismo de ETA. Como no bastaba con acercar a los presos de ETA a cárceles transferidas al Gobierno Vasco, ni con ponerlos en libertad con una política de privilegios penitenciarios que renunciaba a los principios básicos de la reinserción, había que desproteger al Estado en la mismísima sede de la soberanía nacional, todo para seguir traficando con cinco votos.

Porque esa es la clave de todo este asunto: que los votos de una formación política que no renuncia a la herencia terrorista son vitales para que un Gobierno cada vez más desconectado de los sentimientos de los españoles siga convalidando sus reales decretos leyes. Lo vimos el jueves nuevamente, en una votación clave en la que el Gobierno desoyó las ofertas sinceras y constructivas del principal partido de la oposición. Un ataque a la inteligencia, en su acepción de cualidad de la mente y también en la de servicio básico para la seguridad del Estado, y un atentado contra la memoria de las víctimas de ETA, contra el sufrimiento colectivo de una nación que fue duramente golpeada y contra todos aquellos que se enfrentaron con dignidad y coraje democrático al chantaje del terror. También un acto de malversación política del poder y de alzamiento de los bienes que se encarnan en la dignidad del Estado. La contraprestación ya la conocemos: Bildu de vuelta al redil y una votación ganada. La cuestión ahora es cuánto le costará a nuestra democracia que logren lo mismo con ERC. El drama de las malas compañías se produce cuando en esas suicidas relaciones no se sabe quién es Fausto, ni quien es Mefistófeles, pero este último siempre gana.