Sol ofrece un acuerdo a Óscar Puente para mantener la rebaja en los abonos transporte

«Te escribo con preocupación después de haber sido rechazado por el Congreso de los Diputados el Real Decreto-Ley Ómnibus que incluía la medida con las bonificaciones al transporte público», comenzaba así ayer su carta el consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, al ministro Óscar Puente. Además, el consejero recalca la exigencia del Gobierno regional de que se cumpla con el compromiso de «extensión de las ayudas hasta el 31 de junio, tal y como fue acordado el pasado mes de diciembre».

Paralelamente, la Comunidad de Madrid ya había garantizado que mantendrá el precio de los abonos hasta que su sistema tecnológico de cobro permita actualizar las nuevas tarifas. Durante este tiempo, el Gobierno regional asumirá el 30 % del coste, que le correspondía hasta ahora.

Jorge Rodrigo sugiere en el texto que existen fórmulas alternativas que el propio Puente conocería, llegando a asegurar que el ministro «en ningún momento se ha preocupado por el bien de los ciudadanos, ni ha buscado el acuerdo político, sino que en cambio, ha introducido medidas que responden exclusivamente ha compromisos ideológicos, resultado de su debilidad parlamentaria».

Por último, el consejero insiste en la voluntad del Gobierno regional de encontrar una solución, con el fin de «garantizar las bonificaciones». A esto añade una serie de alternativas, como la firma de un convenio, así como la concesión de ayudas directas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

La realidad es que este no es el primer momento de tensión entre ambos cargos políticos. De hecho, hace solo unos meses Jorge Rodrigo acusaba al ministro de ser ignorado por él en sus numerosas cartas en las que enumeraba las incidencias y problemáticas que sufre la red de Cercanías en la Comunidad de Madrid, cuya competencia pertenece al Gobierno central.

De no alcanzarse un acuerdo, Madrid regresará al precio de los abonos transporte anterior a la pandemia después de la derogación del decreto de la Ley Ómnibus. Así, desaparecerían las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano. El Gobierno central preveía destinar 1.608,7 millones de euros a financiar esta ampliación de las medidas de gratuidad y descuento del transporte público durante seis meses y de las que tenía previsto poner en marcha a partir del 1 de julio para fomentar el uso del transporte público colectivo, medidas que también han sido anuladas.