Nueve de cada diez infraestructuras judiciales de la región se verán renovadas, mejoradas o creadas hasta 2027, año del final de la legislatura. Entre ellas, se encuentra la «bandera» del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: la Ciudad de la Justicia de Valdebebas. Con sus 470.000 metros cuadrados, se convertirá en la infraestructura judicial más grande del mundo. Su construcción comenzará el año que viene y la inversión superará los 680 millones de euros.

«En la segunda quincena de septiembre esperamos presentar el diseño preliminar del proyecto y, en mayo de 2025, iniciar las obras de construcción», explicó ayer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en su balance del primer año de Gobierno regional. La mesa de contratación ha propuesto ya la adjudicación provisional de la redacción de proyecto y ejecución de obra para la construcción. Concurrieron al concurso 13 empresas agrupadas en cinco UTE y la firma del contrato está prevista para este verano.

Sin embargo, la de Valdebebas, si bien es la mayor, no será la única nueva infraestructura dentro de su categoría. Según avanzó García Martín, el segundo proyecto más grande de España tras la Ciudad de la Justicia en material judicial será el Palacio de la Justicia de Móstoles, cuyos trabajos ya se han adjudicado. Permitirá unificar las cinco sedes actuales que están dispersas en la localidad y que albergan 25 juzgados: nueve de Primera Instancia, seis de Instrucción, seis de lo Penal, tres de lo Social y uno de Violencia sobre la mujer. El nuevo inmueble contará con una superficie construida de 35.358 metros cuadrados. En él se ubicarán los juzgados actuales y un espacio de reserva para siete más por si en un futuro se necesitara realizar una ampliación.

El plazo de ejecución de las obras inicialmente es de 32 meses a partir de este verano. La inversión ha superado los 30 millones de euros y permitirá atender a 300.000 vecinos de Móstoles y otros cinco municipios: Villaviciosa de Odón, Brunete, Móstoles, Quijorna y Villanueva de la Cañada.

Del mismo modo, García Martín señaló que se encuentran «muy avanzadas» las obras de los nuevos palacios de Justicia de Getafe, que «entrará en funcionamiento este año», y de Torrejón de Ardoz, cuya actividad empezará en 2025. Esta última infraestructura contará con un total de 14 juzgados, cuatro de ellos de reserva, uno de guardia, una oficina de asistencia a víctimas de delito, fiscalía, forensía, cámara Gesell, decanato, espacios para procuradores y abogados, así como otras dependencias policiales y estancias auxiliares. La instalación, cuyas obras estarán finalizadas en el mes de octubre, se está levantando en la avenida de la Constitución y cuenta con una inversión pública de 17,6 millones de euros. El objetivo, como en los otros casos, es reunificar los juzgados que ahora se encuentran dispersos para facilitar las gestiones con la justicia a los madrileños que viven en el este de la región.

También se suma a estos proyectos la Ciudad de la Justicia de Collado Villalba, que contará con una inversión de doce millones de euros. Del mismo modo, se rehabilitarán los edificios judiciales de Leganés, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada.

A estos proyectos pendientes de inaugurarse, hay que sumar el Palacio de la Justicia de Valdemoro, que arrancó en octubre del año pasado. El nuevo complejo, construido en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Valdemoro, tiene una superficie construida de 10.445 metros cuadrados, repartidos en tres plantas y un sótano. Albergan también un juzgado de guardia, Registro Civil, Fiscalía, Colegio de Abogados y Procuradores, Mediación, Forensía, Decanato, sala de bodas, zona de policía y celdas. El Gobierno autonómico ha invertido 13,5 millones de euros, y está pensado para que atienda también los vecinos de Chinchón, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco y Valdelaguna.

Como apuntó García Martín, la Comunidad de Madrid actuará en el 90 % de las 570 infraestructuras judiciales de la región entre 2023 y 2027, con una inversión superior a los 830 millones de euros. Por otro lado, el consejero avanzó que el 96% de las medidas recogidas en su programa de gobierno «ya se han cumplido o están en marcha». Y en ese plan, «el compromiso del Gobierno regional» es el de «la renovación de las infraestructuras judiciales, con el fin de ofrecer tanto a ciudadanos como a profesionales unas instalaciones modernas, digitalizadas y accesibles».

De acuerdo a su balance, el Ejecutivo autonómico ha «mejorado» en el último año las condiciones laborales de los más de 7.200 trabajadores públicos de la Administración de Justicia, gracias al Acuerdo Sectorial alcanzado con los sindicatos. De este modo, han sido nombrados 1.350 funcionarios interinos y se han ampliado las plantillas en la Fiscalía, los juzgados civiles de Madrid, la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF). Todo ello pese a «la inacción del Ministerio de Justicia», que no ha dotado a la región «de un solo euro, ni siquiera de los fondos Next Generation». De hecho, ha recordado que «faltan» más de un centenar de jueces en la región, así como responder a la solicitud de 629 plazas de funcionarios de la Administración de Justicia para cubrir «al menos las necesidades básicas y garantizar la estabilidad de los empleados».

Junto al personal, desde el Gobierno regional hacen énfasis en la «transformación digital de la Justicia»: ya se ha implantado en un 90 por ciento el Expediente Judicial Electrónico, consiguiendo reducir en «hasta un 20 %» los actuales tiempos de tramitación.

Dentro de su departamento, otra de las novedades ha sido la muy reciente puesta en marcha de la nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano, que ha cambiado su sede de Gran Vía por la de Carrera de San Jerónimo. La oficina ha crecido en espacio, servicios –ahora enfocados en mayores de 65 años y personas con discapacidad– y horario. Ha aumentado su superficie con respecto a la anterior en casi 100 metros cuadrados, hasta los 269 m2. Dispone de diez puestos de atención directa –nueve en sala y uno en oficina–, más dos agentes dedicados a tareas de recepción e información. El horario de apertura pasa a ser de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas –dos horas más que antes– y los sábados de 9:00 a 14:00 horas –una hora más que antes– Durante agosto permanecerá abierto de lunes a sábado, de 09:00 a 14:00 horas. En total, 50 horas más al mes.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid se ha convertido en este periodo en la «primera región de España» en regular la figura del experto facilitador, que prestará apoyo a personas con discapacidad en sus sedes judiciales –juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales existentes, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia–. La normativa en tramitación establece los requisitos, principios de actuación y el modo de designación de estos profesionales: deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. También tendrán que contar con una formación específica: cursos con una duración mínima de 100 horas.

Menores infractores

En lo que respecta también al ámbito de la Justicia, García Martín ha puesto en valor la labor desarrollada por la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). De acuerdo a los datos de la Agencia, el 90 % de los jóvenes que pasan por sus centros no vuelve a delinquir. El año pasado se atendió a 592 menores, un 7,5 por ciento menos que en 2022, de los cuáles 446 encontraron empleo. También han descendido en más de un cinco por ciento las medidas ejecutadas (1.864) y se han puesto en marcha nuevos programas para prevenir que los menores caigan en las redes de las bandas juveniles violentas.