Una empresa «pantalla» de Lanzas fue exonerada en pleno escándalo de los ERE

La Junta de Andalucía hizo públicas ayer nuevas resoluciones de exoneración por parte de la Consejería de Empleo en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, cumpliendo así lo que anunció el jueves el consejero de Educación Luciano Alonso en su comparecencia parlamentaria. El Ejecutivo de Susana Díaz señala que esta decisión supone «un ejercicio de transparencia sobre su gestión y en su relación con la ciudadanía andaluza». Obvia que lo hace con años de retraso y cuando el asunto está judicializado, por lo que tarde o temprano estas actuaciones se conocerán.

La Junta recuerda que «la exceptuación no supone eliminar la obligación de justificación de las ayudas porque sigue vigente esa exigencia y, en esa línea, se están comprobando los expedientes», aunque sí demuestra falta de diligencia por parte de la administración. En este sentido, según ha podido constatar este periódico en el listado de empresas a las que se les aplazó el plazo de justificación de las ayudas recibidas se encuentra Planificación, Cooperación y Desarrollo (PCD), sociedad que figura de manera destacada en el «caso de los ERE» y que originó la apertura de una pieza separada por parte de la jueza Alaya para comprobar la relación entre el «conseguidor» Juan Lanzas, los cursos de formación y el sindicato UGT.

Como avanzó este periódico, la UCO constató en un informe que el sindicato UGT y varias de sus federaciones –del metal, de alimentación y tabaco y agroalimentaria– habían mantenido operaciones comerciales con esta empresa por 7,93 millones de euros. Lanzas estuvo dado de alta en PCD durante dos meses en 2002 «inmediatamente después de desvincularse del sindicato UGT». Los agentes advertían en su informe que esta sociedad «declaró haber mantenido operaciones comerciales con empresas utilizadas para introducir en el circuito financiero y económico el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía: Travol 2007, Servicios Inmediatos de Andalucía y Conexión en Reparto». Según interpreta la UCO, «la participación de Planificación y Cooperación y Desarrollo habría facilitado y ayudado a alcanzar este objetivo».

En las resoluciones de exoneración, PCD aparece en una firmada el 17 de diciembre de 2009 por el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; y en otra de 30 de diciembre de 2011 por su sucesor, Manuel Recio. Esta última se firmó cuando el escándalo de los ERE llevaba casi un año en los medios de comunicación, ya que la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias el 19 de enero de 2011. Durante ese año se habían producido hechos relevantes y la magistrada había reclamado ingente documentación a la Junta de Andalucía, personada como acusación particular. El propio Lanzas había declarado en enero ante la Policía Judicial.

En el nuevo listado de exoneraciones publicado por la Junta se omite el expediente –o expedientes– a los que se les aplaza la justificación en tiempo y forma. Esta circunstancia hace imposible conocer qué ayuda es objeto de exceptuación. En la primera de las resoluciones sí figuraba el número de ayudas que se habían exonerado a cada entidad, lo que posibilitaba conocer su cuantía y la convocatoria a la que se refería.

Hay que recordar que el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Luciano Alonso, informó en sede parlamentaria de que su departamento va a revisar 8.505 relacionados con la formación, de los ya se han sido analizados por parte de los técnicos 4.365. De éstos más de 4.000, 2.504 expedientes están en fase de requerimiento de información o fase inicial de reintegro; 1.280 se han justificado correctamente; y 581 tienen ya resolución definitiva de reintegro por un importe global de 17,4 millones, que la Junta espera recuperar.