La Junta de Andalucía admite la «acción delictiva» de una «estructura paralela» en Empleo

Sus letrados apuntan al personal de confianza, al margen de los funcionarios, como «imprescindible» en el presunto fraude

La «macrocausa» de los ERE es un ámbito lleno de batallas, algunas cruzadas, y en las que caben hasta tiros en el pie. La Junta ha remitido un escrito al juzgado que instruye el caso, el número 6 de Sevilla, que pudiera parecerlo. En él se asevera, según ha podido constatar LA RAZÓN, que la Dirección General de Trabajo, concedente de las ayudas ahora en entredicho, primero con el investigado Francisco Javier Guerrero al frente y después con el también encausado Juan Márquez, «se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios públicos» e «integrada por personas contratadas» como los ex asesores María José Rofa, la testigo clave del juicio de la pieza política del «macroproceso», Jesús Andrés Rodríguez y Ramón Díaz. Y añaden los letrados del Gobierno andaluz que «el mantenimiento» durante mucho tiempo de «una conducta irregular en el seno» de aquel departamento, que dan por hecha, «sólo era posible acudiendo a personal de confianza que no estuviera protegido por las perrogativas que a los funcionarios otorga la ley para, precisamente, evitarles represalias en caso de que se nieguen a infringir el ordenamiento jurídico».

El mencionado documento es un recurso de reforma contra el auto en el que la instructora, María Núñez, acordó el sobreseimiento de lo actuado en relación a Rofa y a Rodríguez en la pieza centrada en las subvenciones otorgadas por el Ejecutivo regional al centro geriátrico del Obispado de Cádiz. Los abogados de la Junta insisten en él en que ninguno de los dos ex asesores era funcionarios, sino «personal de confianza» de Márquez y es desde esa condición, de acuerdo al relato del recurso, desde la que «asumieron directamente» y «junto» al ex director general de Trabajo «la interlocución con las empresas, sindicatos, mediadoras y aseguradoras», así como, «la decisión de incluir unas personas u otras entre los beneficiarios de las pólizas de prejubilación –en alusión a los presuntos intrusos detectados en algunos ERE– o conceder las ayudas». Los representantes procesales del Gobierno autonómico defienden que «los indicios que recaen» sobre Rofa y Rodríguez, a los que consideran «coprotagonistas necesarios e imprescindibles de la acción delictiva», como Márquez, «no sólo no se desvanecen, sino que resultan firmes». O dicho de otra manera: la actuación de ambos, «más allá de poder ser considerada meramente instrumental, era absolutamente decisiva para la concesión irregular de la subvención y, en consecuencia, para la causación de un daño patrimonial injustificado, por ser ajeno al interés público, en la hacienda» de la comunidad. En definitiva, después de admitir el otorgamiento anómalo de fondos del Ejecutivo regional, piden a la jueza que levante el sobreseimiento. El abogado de Rofa movió pieza e hizo alegaciones a un recurso al que se opone. En un escrito, consultado también por este periódico, calificó de «inquietante» las «distinciones» hechas por los letrados de la Junta entre «funcionario público y 'otros empleados'» y, sobre todo, «la consideración de que la Dirección General de Empleo se dotó de una estructura paralela» sin los primeros «para delinquir». «Hay 23.899 empleados públicos de la Junta que no son funcionarios (conocida como 'Administración paralela')», se asevera en el texto, «y, por tanto, siguiendo el desarrollo de pensamiento» de sus letrados, prosigue, «desde su contratación están a merced de sus superiores, autoridades y jefes» que podrían «compelirlos a realizar hechos penalmente perseguibles o delictivos». Y de ahí pasa a una segunda conclusión: el Ejecutivo contrata a personal no funcionarial, «a sabiendas de que está desprotegido», pudiendo «en cualquier» momento y departamento «crearse una estructura paralela, lista y totalmente engrasada para realizar los trabajos más siniestros» en la Administración, «casi un sindicato del crimen», lanza.