La Fiscalía maniobra contra los «salvoconductos» en los ERE

Pide a Núñez que deje sin efecto las salidas de investigados de las piezas separadas para evitar la impunidad, en un movimiento que las defensas tildan de «pataleo»

La Fiscalía Anticorrupción insiste en dar sentido a lo que entiende un sinsentido, pese a que la Audiencia de Sevilla ya le ha dicho que no lo es. Ayer volvió a colocar en el meollo del «macroproceso» de los ERE la salida de ex cargos públicos de las múltiples piezas abiertas en torno a las ayudas repartidas por el Gobierno andaluz, después de que el tribunal que enjuicia ya a 22 de ellos ratificara en el auto en el que resolvió las cuestiones previas de las partes que se les juzga sólo por lo relativo al sistema por el que se asignaron los fondos públicos.

En un escrito que ha elevado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla comandado por María Núñez, Anticorrupción pide a la jueza que «deje sin efecto» la «exclusión» en diferentes separatas de algunos de los investigados sentados en el banquillo quienes, presuntamente, habrían tenido «participación directa» en «la concesión y pago de cada ayuda individual», pese a haberla acordado la instructora siguiendo la senda marcada por la Audiencia sevillana. En esa categoría se incluiría, entre otros, a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, o a los ex directores generales del ramo Francisco Javier Guerrero o Juan Márquez.

De no ser así, la Fiscalía advierte de que «no se podría exigir» a los encausados que se encuentren en esa situación «responsabilidad penal» ni en los bloques separados en los que se analizan de manera individual las subvenciones y el abono de las mismas ni en el juicio ya en curso centrado en el procedimiento específico por el que se distribuyó el dinero. Reformulado su planteamiento, el Ministerio Público mantiene que el «no» de Núñez a su solicitud, «comportaría una especie de salvoconducto procesal que cerraría la posibilidad de dirigir la acción penal» contra enjuiciados en la rama política, lo que generaría, según Anticorrupción, «un intolerable espacio de impunidad». Todo ello, matiza, sin perjuicio de que, «en el caso de recaer sentencias condenatorias contra esas mismas personas en las piezas separadas», se adopten entonces «las medidas oportunas para corregir un exceso punitivo» y en última instancia «mantener la proporcionalidad estricta de la pena».

De hecho, la Junta, que rehusó ser acusación en la pieza política, ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para poder exigir responsabilidades a ex cargos de la Consejería de Empleo. Con todo, fuentes de las defensas apuntaron a LA RAZÓN que el «esperado» movimiento de la Fiscalía está «abocado al fracaso», es más, lo tildaron de «pataleo». «Es ilusorio», argumentaron, «el que pretendan establecer que el auto» con el que el tribunal respondió a las cuestiones previas «cambió la situación de algún modo». Esa resolución, añaden, no podía modificar «el objeto del juicio ni el de otros procedimientos –de los ERE– abiertos con anterioridad o futuros, no podía remover eso», insisten, para rematar con que Núñez, la aludida por Anticorrupción, «cuenta con el pronunciamiento de la superioridad –la Audiencia–» en este debate.