Alaya investiga a todas las consejerías

El modelo que permitió pagar los ERE sorteando los controles de la Intervención General también se aplicó en otras consejerías de la Junta de Andalucía, extremo que ya había señalado la juez Mercedes Alaya pero que ha «oficializado» mediante un auto entregado ayer a las partes al que ha tenido acceso LA RAZÓN. La instructora reclamó ayer al Ejecutivo que preside Susana Díaz que entregue «a la mayor brevedad posible a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil toda la documentación relacionada con los distintos avales y préstamos concedidos por cualquiera de las consejerías de la Junta de Andalucía» a una serie de sociedades que investigan los agentes dentro de la «trama de los ERE».

La empresa pública IDEA ejerció durante una década de «caja pagadora» de los ERE. Actuaba como intermediaria y recibía órdenes directas de la Consejería de Empleo. El método «perverso» era simple pero muy efectivo. El Presupuesto recogía anualmente transferencias de financiación a este organismo, figura legal pero que se utilizaba con otros fines: servía para abonar subvenciones excepcionales o encomiendas de gestión, trámites administrativos que deberían seguir otro procedimiento más complejo y garantista. El resultado es que los controles se torcieron hasta hacerse inexistentes en algún caso y se abrió la puerta al fraude.

Sin embargo, este «modelo» tenía una ventaja: era rápido, motivo por el que fue adaptado por otros departamentos. Alaya asegura que «IFA/IDEA colaboró con distintas consejerías en el pago de ayudas por distintos conceptos, tramitadas con falta de procedimiento, haciendo uso de fondos que había recibido anteriormente de las distintas consejerías vía transferencias de financiación».

No se trata de una conclusión precipitada de los agentes. El auto recuerda que «la Intervención General de la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto a través de sus informes diversas irregularidades en la tramitación de las ayudas por parte de las consejerías y en la actuación, gestión y control de IFA/IDEA, que podrían haber supuesto importantes consecuencias que están siendo investigadas, irregularidades apuntadas asimismo por el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas».

La UCO ha revisado las actas del Consejo Rector de la Agencia IDEA con motivo del caso de los ERE y ha encontrado que esta empresa pública ofreció «ayudas excepcionales, de reestructuración y/o de salvamento, así como de incentivos tales como préstamos, garantías de préstamos y/o avales». Aunque estas decisiones se amparaban en una Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, el riesgo no pasó desapercibido para los miembros de IDEA; los agentes recogen una advertencia de una alto cargo de Hacienda que «señala que la ejecución del aval aumenta el endeudamiento de IDEA».

Varias de las empresas que obtuvieron estos incentivos también se llevaron dinero del «fondo de reptiles». La magistrada apunta que «deberá investigarse si estas concesiones estaban basadas en la presunta aplicación de criterios arbitrarios como quedó manifiesto en el informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo –el órgano directivo que ocupó, entre otros, Francisco Javier Guerrero–».

El objetivo es rastrear la situación de esos préstamos y avales, cómo se entregaron y con qué procedimiento y «en su caso, los reintegros efectuados por la distintas sociedades». El caso de los ERE sigue creciendo y revisa la gestión de la Junta en la última década.

Crece el «holding» Lanzas

En esta nueva línea de investigación sobre los avales y préstamos abierta por la UCO, los agentes señalan que han detectado la vinculación existente entre dos sociedades «beneficiarias de ayudas públicas» –Proasego Eólicas SL y Eólicas del Zenete SL– e Ismael José Sierra García, cuñado del «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas. Según el informe entregado a la juez éste «presuntamente pudiera haber participado activa y directamente en la solicitud y tramitación de las ayudas públicas a favor de estas sociedades».

También han detectado pagos entre la empresa Dolmen Consulting Inmobiliatio y Estudio Jurídico Villasís –el despacho jurídico implicado en los ERE– por un importe de 100.575,34 euros entre 2008 y 2010.