La decisión de Tribunal Constitucional de Perú de ordenar la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 por crímenes contra los derechos humanos, prendió de nuevo la mecha en la convulsa política peruana. El Constitucional reafirmó la validez del indulto por motivos de salud concedido a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando necesitaba el apoyo del fujimorismo en el Congreso para salvar su presidencia.

La decisión contraviene abiertamente lo fallado en su día por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reiterado que la liberación de Fujimori en las actuales circunstancias supondría un menoscabo a los familiares de las víctimas y abriría la puerta a la impunidad.

Fujimori, de 85 años, fue condenado a 25 años de prisión por varios delitos, entre ellos su papel en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que 25 personas murieron por las acciones clandestinas del Grupo Colina, un grupo de militares dedicado por orden del Gobierno a acciones de guerra sucia contra el terrorismo de Sendero Luminoso en las que perecieron civiles inocentes.

La noticia llega cuando se cumple un año de la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo por su intento fallido de golpe de Estado. Castillo ha estado preso desde entonces en el penal de máxima seguridad de Barbadillo, en las afueras de Lima, en el que ha compartido cautiverio con Fujimori.

La salida de prisión de Fujimori ha vuelto a soliviantar a las víctimas de sus crímenes, que recuerdan que nunca ha pedido perdón ni pagado las reparaciones a que fue condenado. También subrayan que el expresidente está acusado también de la muerte de seis personas en el distrito de Pativilca en 1992 y de la esterilización forzada de más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres, la mayoría de familias indígenas o de bajos recursos, como parte de un plan de erradicación de la pobreza desarrollado entre 1996 y 2001.

Partidarios y detractores de Fujimori participaron en movilizaciones a favor y en contra de su liberación, poniendo de manifiesto que su figura aún divide a los peruanos. Para sus admiradores, se trata del líder firme que logró derrotar a Sendero Luminoso y poner orden en una economía caótica; para sus críticos, de un gobernante autoritario que no dudó en dar un golpe de Estado, ordenar crímenes de lesa humanidad y enriquecido gracias a la corrupción.

El Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se mantenía en absoluto silencio tras la orden del Tribunal Constitucional sobre la liberación de Fujimori. La decisión que se tomará no ha sido hasta el momento motivo de declaraciones públicas ni de algún mensaje del despacho de la Presidencia o del Ministerio de Justicia.

Sea como sea, lo ocurrido con Fujimori ha sacado a la política peruana del letargo en que se había sumido después de que se apagaran las protestas que siguieron a la caída de Castillo y en las que murió medio centenar de personas, según informes internacionales por la represión desproporcionada del Ejército y la Policía.

Las muertes en las protestas han sido este tiempo la principal rémora de la presidenta Dina Boluarte, que ha sido recientemente acusada ante el Congreso por la Fiscalía como responsable, y cuya popularidad lleva meses bajo mínimos en las encuestas.

Boluarte se ha mostrado incapaz de enderezar el rumbo de la economía, que ha caído en recesión y da signos de deterioro continuado, ni paliar la sensación de inseguridad creciente, y sobrevive en posición precaria sin un grupo propio en el Congreso pero con el apoyo del fujimorismo y de otros grupos que tienen tan poco interés como ella en la celebración de las elecciones inmediatas que, según los sondeos, piden la mayoría de peruanos como solución a la duradera crisis política del país.

En Perú, donde la mayoría de los expresidentes vivos están encarcelados o procesados, la política se desarrolla en un descrédito generalizado y el lema «que se vayan todos» hace tiempo se ha convertido en mantra en las calles y tribunas de prensa.

Pero Boluarte se aferra al cargo y los congresistas a su escaño. Su dependencia política del fujimorismo parece la clave que decida la suerte del anciano Fujimori. Ya en marzo de 2022 el Tribunal Constitucional ordenó su liberación, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó suspenderla en un fallo emitido pocas semanas después y el Gobierno de Castillo lo mantuvo entre rejas. Esta vez, la historia es diferente. Boluarte necesita al fujimorismo para mantenerse en el poder y preferirá una condena de la Corte al Estado de consecuencias dudosas que ver caer su Gobierno.