La consigna parece clara. Evitar a toda costa que Alberto Fujimori salga de prisión.

El gobierno de Pedro Castillo se resiste a la liberación del expresidente ordenada por el Tribunal Constitucional de Perú y se aferra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mantener entre rejas al preso más polémico de Perú.

Fujimori, de 83 años, cumple condena, entre otros delitos, por su papel como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, acaecidas en 1991 y 1992 respectivamente, en las que comandos militares acabaron con la vida de 25 personas como parte de una campaña de guerra sucia contra el grupo terrorista de extrema izquierda Sendero Luminoso.

Su figura sigue dividiendo al país. Sus admiradores destacan su papel en la derrota del terrorismo y en la estabilización de una economía hasta entonces enloquecida pero que hoy es un modelo para la región. Sus detractores censuran el carácter autoritario de su gobierno y las violaciones de los derechos humanos que perpetró.

El último pulso en torno a la situación penitenciaria del expresidente se desató después de que el Tribunal Constitucional restableciera este lunes el indulto por motivos de salud que le concedíó en 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynskiy y que fue anulado por el Supremo por supuestas irregularidades en su tramitación.

Kuczynski necesitaba entonces el apoyo de la bancada fujimorista para sobrevivir a la moción para apartarlo de la presidencia presentada en el Congreso y vídeos publicados entonces revelaron que el perdón al Fujimori fue parte de la negociación. Pero el Constitucional dice ahora que las supuestas irregularidades no fueron acreditadas judicialmente, y Fujimori debe ser liberado.

Tras conocerse el fallo del Constitucional, Castillo no tardó en pronunciarse en contra, insistiendo en sus denuncias de corrupción contra los tribunales peruanos, que lo investigan a él y a sus familia por presuntos amaños de contratos públicos, y su primer ministro, Aníbal Torres, abogó incluso por la supresión del Constitucional.

Hasta que en un nuevo giro de los acontecimientos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya en 2018 falló contra el indulto, dictó una resolución en la que insta al Estado peruano a suspender temporalmente la liberación de Fujimori hasta que resuelva sobre la solicitud de la víctimas de Barrios Altos y La Cantuta de impedir su salida de la cárcel mediante medidas cautelares.

El procurador de Perú ante la CIDH, Carlos Reaño, se apresuró a afirmar que el gobierno debe obedecer y dejar sin efecto la sentencia del Constitucional, pese a las quejas del entorno de Fujimori, que insisten en que su salud está muy deteriorada y denuncian que las resoluciones de la Corte Interamericana carecen de fundamentos jurídicos y obedecen a prejuicios ideológicos.

Expertos juristas consultados por La Razón señalan que la última decisión de la Corte Interamericana aboca el proceso a un terreno desconocido, ya que nadie sabe con qué legitimidad podría el ejecutivo de Castillo hacer caso omiso de una sentencia firme del máximo órgano judicial del país. Aún así, el Ejecutivo ha decidido postergar la salida de la cárcel de Fujimori.

Su hija, Keiko Fujimori, rival de Castillo en las últimas elecciones y líder del principal partido de la oposición, publicó un mensaje en redes: “Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre, no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida”.

Fujimori hija dijo que su familia “hace responsable” al gobierno de Castillo de “las consecuencias que su decisión puede generar en la vida y la salud” de su padre.

Según su abogado César Nakazaki, Fujimori se encuentra en una situación de salud límite: “Todas las arterias del corazón están enfermas e igualmente los pulmones, con una fibrosis pulmonar que hace que viva prácticamente todo el día recibiendo oxígeno”.

Sus víctimas, en cambio, recuerdan que Fujimori no ha pedido perdón por sus crímenes ni ha pagado las reparaciones que se le impusieron.