La Justicia británica declara ilegal el permiso de residencia para los ciudadanos de la UE tras el Brexit

El triunfo del Brexit dejó a millones de comunitarios afincados en Reino Unido en una situación de completa vulnerabilidad. Tras largos años de arduas negociaciones entre Londres y Bruselas, sus derechos quedaron supuestamente garantizados con el pacto de retirada. 

Sin embargo, el Tribunal Superior concluyó este miércoles que el sistema que ha impuesto Downing Street para otorgar el derecho a residencia es ilegal, dando así la razón a los activistas que durante años venían denunciando la letra pequeña que aplica el Ejecutivo.

Los que llevaban residiendo menos de cinco años antes del 31 de diciembre de 2020, cuando Reino Unido salió ya a efectos prácticos del bloque, tan sólo tienen derecho a una residencia temporal. Para que sea permanente, una vez alcanzado el lustro, deben volver a realizar otra solicitud. Sin embargo, el juez Peter Lane dictaminó hoy que “se trata de una norma errónea en su legalidad, y que convierte, por tanto, en ilegal todo el Esquema de Asentamiento”.

La sentencia da la razón a las organizaciones que velan por los derechos de los comunitarios, que aseguran que las personas que ya tienen el “estatus de pre asentado” no deben perder ningún derecho de residencia permanente de manera automática si no realizan un segundo trámite.

Se trata de un dictamen con implicaciones de largo alcance y que refleja el denominado `ambiente hostil´ que impera desde hace tiempo en Reino Unido hacia los inmigrantes. En cualquier caso, el ministerio del Interior ya ha manifestado su intención de apelar.

La decisión del tribunal afecta a 2,7 millones de personas, del total de 6,7 millones que solicitaron la residencia británica hasta el pasado 30 de septiembre. Lo que está en juego es el derecho a vivir en el país, trabajar, alquilar o comprar propiedad inmobiliaria, así como acceder a los servicios públicos, entre ellos la sanidad.

En un principio, se estimó que había tres millones de comunitarios viviendo en suelo británico. La cifra se elevó luego a más de cuatro millones, entre ellos, más de 300.000 españoles. Cuando se ejecutó el divorcio con la UE, algunos acaban de llegar, otros llevan afincados décadas. Pero unos y otros tuvieron que regularizar su situación.

Debían hacerlo todos, sin excepción. Los casados con británicos y también los cónyuges no comunitarios de europeos. Porque, de otra manera, por poner un ejemplo, un americano casado con una española también quedaría en situación ilegal. Al fin y al cabo, su derecho de residencia estaba vinculado a la normativa de la UE. La situación, en definitiva, es más compleja de lo que parece.

Todo aquel que llevara cinco o más años en Reino Unido debía pedir el llamado “Estatus de pre asentamiento”. Eso sí, cada vez que cambie de dirección, renueve pasaporte o tenga cualquier cambio en tus datos personales, debe notificarlo a las autoridades. Y si está fuera del país durante cinco años pierde todos sus derechos. En caso de que quisiera volver, tendría que hacerlo ya bajo los requisitos de la nueva ley de inmigración que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Está inspirada en el modelo de puntos australiano, uno de los más estrictos del mundo.

Por su parte, todo el que hubiera llegado a Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, y llevase residiendo menos de cinco años, tenía que solicitar el “Estatus de Pre Asentamiento” y esperar al lustro para finalizar los trámites. Eso sí, si está fuera del país durante seis meses (dentro de un periodo de un año) ya no son candidatos para conseguir la residencia permanente.

A día de hoy, hay más de 180.000 personas que aún no han recibido respuesta del ministerio del Interior a su solicitud, entre ellos, 7,190 españoles. Y, muchos de ellos, están teniendo ya problemas para conseguir trabajo por esta razón. Asimismo, el plazo para los que quieren traerse a familiares directos -como cónyuges e hijos- que no son comunitarios pueden alargarse hasta un año.

Una de las grandes demandas de `The3million´ -la organización que vela por los derechos de los comunitarios- es que aquellos que regulen su situación obtengan una prueba física para poder demostrarlo y no un simple email, como el que reciben ahora por parte de las autoridades. El Parlamento Europeo advirtió que esto podría generar problemas de “discriminación” a la hora de buscar, por ejemplo, trabajo o vivienda de alquiler. La propia Cámara de los Lores aprobó en su momento una enmienda solicitando algún tipo de “carné”. Pero los Comunes -donde los `tories´ tienen una amplia mayoría- la desestimó.