El Ejército retoma el poder en Birmania y acaba con la incipiente democracia

En la madrugada del lunes, cuando apenas quedaban unas horas para que arrancara la primera sesión de recién formado Parlamento birmano, el Ejército del país perpetraba un golpe de Estado y ponía a la nación asiática en estado de emergencia por un año. Los uniformados se aseguraban así la repetición de unas elecciones que habían tachado de fraudulentas y que, sin duda, han sido el desencadenante para que el país regrese a la situación de gobierno militar que se vivía hace una década.

La asonada se llevó por delante a la líder de facto,Aung Suu Kyi; al presidente, Win Myint, y a los gobernadores de las distintas regiones. Todos ellos quedaron detenidos, según Myo Nyunt, portavoz de la formación que el pasado noviembre ganó las elecciones con una abrumadora mayoría, la Liga Nacional para la Democracia (NLD). En un comunicado distribuido por dicho partido, se tachaba el golpe como la vuelta a la dictadura y se animaba a la población a «resistir con firmeza» a la acción militar.

Mientras, los uniformados lanzaban su propia nota por las redes sociales indicando que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing, tomaba el control del país hasta que transfieran el poder dentro de un año después de «celebrar unas elecciones generales libres y justas». Eso sí, de la detención o el paradero de la premio Nobel, ni una palabra.

El golpe dejó las carreteras repletas de controles, largas colas en los cajeros de unos bancos obligados a cerrar y una sensación de miedo que trajo a la memoria la etapa anterior a 2011, año en el que comenzó el proceso de cambio hacia la democracia después de casi 50 años de gobiernos militares. Las comunicaciones permanecieron cortadas durante varias horas y, según algunos vídeos que circulaban por las redes sociales, las banderas de la NLD de Suu Kyi desaparecieron de las calles.

Según los analistas, con esta acción el Ejército está tratando de recuperar un mayor control sobre el Gobierno aprovechando una Constitución que ya de por sí les garantiza una cuarta parte de todos los escaños en el Parlamento y el control de los ministerios más poderosos en el país -Interior, Defensa y Fronteras-. Sobre todo después de que en los comicios de noviembre la NLD se hiciera con el 83% de los votos, algo que sentó fatal entre las filas del Tatmadaw -el Ejército birmano- y dio paso a una campaña de desprestigio contra dicha formación política.

A lo largo de las últimas semanas, los uniformados habían dejado patente su descontento y la semana pasada incluso hubo declaraciones que apuntaban a la posibilidad de suspender la Carta Magna y terminar con el supuesto fraude, algo que el sábado el Ejército aseguró que no haría.

Sin embargo, este lunes los militares actuaron de manera abrupta arguyendo irregularidades electorales y apelando al artículo 417 de la Carta Magna, que autoriza a las Fuerzas Armadas a tomar el control del país si consideran que su unidad está en peligro. Las causas de esa fractura: las altas cotas de poder obtenidas por Suu Kyi -cuya postura en la represión contra los rohinyás no ha hecho mella en su imagen en el interior del país-, y la posibilidad de que la NLD promoviera una reforma constitucional que, de algún modo, hubiera podido restarles beneficios a los uniformados.

Al menos eso es lo que aventuran algunos analistas, mientras otros no están tan seguros de por qué han actuado ahora teniendo en cuenta que «el sistema actual es tremendamente beneficioso para el Ejército: tiene una autonomía de mando completa, una inversión internacional considerable en sus intereses comerciales y una cobertura frente a los civiles por crímenes de guerra», según explica a la BBC Gerard McCarthy, de la Universidad Nacional de Singapur.

Para él, «tomar el poder durante un año, aislará a los socios internacionales no chinos, dañará los intereses comerciales de las Fuerzas Armadas y provocará una creciente resistencia interna». Precisamente, los analistas coinciden en que la situación de Birmania supondrá todo un examen de política exterior para Estados Unidos, cuya nueva Administración se espera que se centre más en cuestiones de derechos humanos. De hecho, desde Washington y otros países de la Unión Europea se instó a que se respetara el resultado de las elecciones y se retomara el proceso democrático truncado.

Tampoco se hicieron esperar las reacciones de los países vecinos. Especialmente de China e India, dos naciones vecinas enemistadas que en los últimos tiempos compiten por estrechar lazos con Birmania en beneficio de sus intereses gracias a su alto valor geoestratégico en la región. Si bien Pekín optó como de costumbre por la cautela apelando a ambas partes a «resolver sus diferencias», desde Nueva Delhi apoyaron la transición democrática.

Desde la Unión Europea, el Alto Representante, Josep Borrell, condenó «el golpe del Ejército. Se trata de una violación de la Constitución y un intento de derrocar el deseo del pueblo, expresado en las pasadas elecciones de noviembre», en un comunicado. Ahora queda por ver cómo se resuelve una situación en un país con una población de 53 millones de personas y multitud de pequeños conflictos.

«Se acaban de abrir las puertas a un futuro muy diferente. Tengo la sensación de que nadie realmente podrá controlar lo que viene a continuación», apuntó el historiador Thant Myint-U, quien añadió que no se puede olvidar que «Myanmar es un país inundado de armas, con profundas divisiones étnicas y religiosas, y donde millones de personas apenas tienen para comer».