Luz verde a la ley que obliga a los partidos a publicar sus cuentas

Madrid- Sólo Amaiur votó en contra ayer de la reforma de la ley de financiación de partidos políticos que reduce para este año las subvenciones en un 20 por ciento y además introduce mecanismos de transparencia en sus finanzas. Al final, el PSOE que parecía decantarse por la abstención votó a favor, a pesar de que hay un punto con el que discrepa: la eliminación de la antigua cláusula de revisión anual de las subvenciones, con lo que su cuantía se fijará desde ahora cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Sólo el entendimiento y el diálogo fluido que ha existido desde el comienzo de la tramitación entre el popular José Antonio Bermúdez de Castro y el socialista Txiqui Benegas hizo posible que el PSOE virará al «sí».

La norma extiende la reducción de las ayudas públicas a las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas y además establece la obligatoriedad de publicar anualmente no sólo su balance económico, sino también su cuenta de resultados, y los créditos firmados con entidades financieras incluyendo, si es el caso, datos de las operaciones de condonación de deuda. Se obligará asimismo a los partidos a que, además de enviar cada año al Tribunal de Cuentas un informe global sobre su financiación privada, comuniquen a la institución fiscalizadora cada donación de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles que reciban de empresas jurídicas, si bien el órgano fiscalizador llevará un registro para comprobar que no se supera el tope anual de 100.000 euros.

 A partir de ahora se establece también un límite de 100.000 euros anuales para las condonaciones de deuda para igualarlo así al tope fijado para las donaciones privadas.
En cuanto a las aportaciones privadas que reciben los partidos, se amplía el catálogo de empresas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos políticos. Así que no serán sólo las que tienen contratos en vigor con la Administración, sino también todas las que compartan órganos de dirección (las participadas mayoritariamente, sus fundaciones y todas las del mismo grupo empresarial). La reforma permitirá dotar de capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas, que hasta ahora sólo podía hacer propuestas, generalmente de recorte de subvención, que luego debía ejecutar la Administración. Ahora podrá imponer directamente sanciones en supuestos de falta muy grave.