El Archivo de Salamanca vuelve a enfrentar a la Junta y el Gobierno

 El Archivo de la Guerra Civil vuelve a ser motivo de disputa entre los gobiernos de España y Castilla y León, que, desde hace casi siete años, discrepan de manera radical sobre el destino que debe regir a los millones de documentos referidos a uno de los periodos más tristes de la Historia Contemporánea de nuestro país.

Así quedaba de manifiesto, una vez más, tras la reunión del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica, en la que la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, plantó cara al Ejecutivo central por la decisión de no declarar Bien de Interés Cultural el colegio de San Ambrosio, sede del Archivo de la Guerra Civil. La propia responsable del área cultural de la Junta, dirigió un requerimiento al Ministerio para reclamar la suspensión de cualquier actuación que suponga alterar el inmueble en cuestión o la disgregación o desvinculación al mismo de sus bienes muebles o fondos documentales.

No obstante, el pleno determinó dar luz verde a nuevas partidas de legajos hacia Cataluña.
En este contexto, la consejera lamentó la intención del Ministerio que dirige Ángeles González Sinde de «seguir sacando fondos» y recordó que hay recursos de inconstitucionalidad por resolver. Al respecto, reiteró la postura contraria de la Junta a estas prácticas, que, a su entender, representan una «destrucción sectaria del Patrimonio común de los españoles, que responde únicamente a intereses electorales del Gobierno central».

Incumplimiento de la Ley
Por su parte, el alcalde de la capital del Tormes, Alfonso Fernández Mañueco, consideró que «es evidente que se está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica», sobre todo en lo relativo a la puesta en marcha de las sedes del Centro Documental de la Memoria, que se establecían por Ley. Según la norma, además, el edificio central del CDMH debería haber estado en marcha en noviembre de 2006.

Por su parte, el director general de Archivos del Ministerio, Rogelio Blanco, discrepó de esa acusación, y matizó que el protocolo exige que se entreguen los legajos a administraciones solicitantes -Generalitat catalana y gobierno vasco- que ceden a particulares si los reclaman.
Blanco anunció al ampliación de fondos del CDMH con la llegada de 1.200 cajas en las que se guardan 200.000 documentos del periodo entre 1936 y 1978, correspondiente a personal ferroviario represaliado en la Guerra Civil y la postguerra.