El bailaor Rafael Amargo ha pasado a disposición judicial esta mañana acusado de desacato y atentado a la autoridad tras resistirse a los agentes que le detuvieron el pasado jueves en Alicante. A lo largo de la mañana, y después de pasar de dos noches en el calabozo de la Comisaría Central de Alicante, está a la espera de que le tomen declaración sobre los hechos que se le imputan, desacato y atentado a la autoridad, y se resuelva su situación personal de libertad o prisión.

El bailaor será asistido por una letrada de confianza de Jaime Caballero, su abogado en la causa que instruye la Audiencia Provincial de Madrid contra él por un presunto delito continuado contra la Salud Pública por tráfico de estupefacientes, dentro del marco de la “Operación Códax”. El letrado madrileño confía en que salga en libertad en las próximas horas.

Su extraña detención en Alicante

El pasado jueves, el bailaor fue arrestado en las inmediaciones de la estación de tren de Alicante-Terminal pocos minutos después de llegar a la ciudad para actuar en el restaurante Casanova de Alicante. El propietario del local, Carlos Casanova, había acudido a recogerle. Cuando se dirigían al coche del empresario, el grupo fue abordado por dos agentes de paisano que, tras identificarse, le notificaron su arresto sin informarle de los cargos que había contra él.

Según la versión de Amargo, mientras le detenían, uno de los agentes le grabó con una cámara GO PRO, lo que provocó su enfado. Después de pedirle hasta en tres ocasiones que no le grabara, el bailaor estalló e intentó quitarle la cámara al policía. Fue entonces cuando, según ha relatado a la letrada que le asiste, se produjo la pelea que ha dado origen a los cargos. Según esta versión, los policías se abalanzaron contra él y le agredieron, por lo que se defendió propinando patadas y mordiendo al agente que le oprimía el cuello. Tras reducirle, los agentes de la autoridad, llamaron a otra patrulla de la Policía Nacional, que se personó en el lugar minutos después. Tanto el detenido como los agentes que le detuvieron, y que se habían desplazado desde Madrid, acudieron posteriormente al hospital y han presentado sus respectivos partes de lesiones.

El granadino asegura que no se le leyeron sus derechos ni le dejaron hacer una llamada a su abogado hasta cuatro horas después de sucederse los hechos por lo que denunciará la vulneración de sus derechos. Según su defensa, no existe una orden de detención contra él por el Juzgado de Instrucción Nº 27 de Madrid y no se ha garantizado el 'habeas corpus', un derecho constitucional al que pueden acogerse aquellos que han sido detenidos de manera arbitraria.

El bailaor está destrozado y quiere denunciar públicamente su situación

Según ha podido saber LA RAZÓN, el bailaor está destrozado y muy preocupado por lo que ha trascendido a los medios de esta nueva detención. No entiende el motivo de su detención cuando se dirigía a trabajar a Alicante, a uno de los pocos locales que aún contratan al granadino. Asegura que desde que fue detenido en diciembre de 2020, acusado de tráfico de drogas, y sin que exista aún una condena contra él, “le están quitando el pan a sus hijos” y “van a por mí”. El bailaor sopesa acudir a un programa de televisión para denunciar lo sucedido y tratar de limpiar su imagen.

La situación que vive el célebre coreógrafo andaluz a nivel económico, profesional y emocional es desesperada. Y la judicial se complica aún más con esta nueva detención. El próximo mes de junio dará lugar en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por un presunto delito de tráfico de drogas por el que se enfrenta a 9 años de cárcel.

Por otro lado, la denuncia interpuesta por los vecinos del bailaor, que le acusaban de venta de estupefacientes en su piso de la calle Espíritu Santo de Madrid y que fue sobreseída provisionalmente y archivada por falta de pruebas en septiembre de 2022, dio lugar a una nueva investigación policial para aclarar los hechos denunciados y que sigue el Juzgado de Instrucción Nº 27 de Madrid.

En la denuncia efectuada por el administrador de la finca se señalaba que la supuesta venta de sustancias estupefacientes en el domicilio de Amargo, situado en el barrio de Malasaña de Madrid, no había cesado. El continuo tránsito de personas por el piso, que llegaban a “dormir en el descansillo de los pisos superiores”, se convirtió en “insostenible” y era habitual encontrar “jeringuillas, papel albal y colillas”, declararon los denunciantes. El juzgado de Instrucción 27 de Madrid abrió diligencias en septiembre y los agentes comenzaron a vigilar la vivienda del coreógrafo lo que condujo a la detención de otro sospechoso, un hombre de 31 años y nacionalidad dominicana, al que se acusa de suministrar sustancias a una decena de puntos de venta, entre ellos el que regenta presuntamente el bailarín en su propia casa.

Desde entonces el bailaor y su pareja está siendo sometido a vigilancia policial por orden del Juzgado de Instrucción Nº 27 de Madrid y en el ámbito de estas actuaciones fue seguido hasta Alicante, donde actúa con cierta regularidad en la sala Casanova y dónde ha sido detenido por desacato y atentado a los agentes de la autoridad que realizaban el seguimiento dando lugar a un nuevo proceso judicial que se suma a los que ya tenía.