El Supremo clama contra el pacto PSOE-Junts: "Es una amenaza a los jueces que han de aplicar la amnistía"

El pacto entre el PSOE y Carles Puigdemont que despeja la investidura de Pedro Sánchez ha sacudido en las últimas horas al mundo judicial, incluida la más alta magistratura de nuestro país. Y es que el Tribunal Supremo (TS) se encuentra a la cabeza de los órganos jurisdiccionales que, cuando entre en vigor la futura ley de amnistía, estarán obligados a aplicarla. Fuentes del alto tribunal consultadas por LA RAZÓN no ocultan su indignación por el hecho de que ese acuerdo advierta de las «consecuencias», con eventuales «acciones de responsabilidad» incluidas, en la aplicación de la ley de amnistía «en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto "lawfare" o judicialización de la política». «Es una amenaza directísima a los jueces que han de aplicar la ley de amnistía», aseguran fuentes del Tribunal Supremo. «Estremece leer eso», confiesan.

Y muestran su sorpresa por el hecho de que el Gobierno haya asumido el relato independentista al respecto. «Incluir ese término es comprar el discurso de Boye», afirman en referencia al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Y es que, alertan, «utilizando un término que hace referencia a la judicialización de la política se está abriendo la puerta a la arbitrariedad en los mecanismos de control parlamentario».

La preocupación en el Tribunal Supremo va en aumento a medida que se van conociendo los compromisos adquiridos en la elaboración de esa ley de amnistía. «Es gravísimo entender que puede haber una fiscalización de la labor jurisdiccional por el Parlamento», señalan.

"¿Cómo vas a mirar para otro lado?"

Y recuerdan que la causa del «procés» empezó «con una querella del fiscal general del Estado», entonces José Manuel Maza, fallecido en 2017. «¿Como vas a mirar para otro lado?», se preguntan esas mismas fuentes, que precisan que hacen hincapié en que ante la posible comisión de hechos delictivos los políticos deben ser investigados como cualquier ciudadano, una actuación que, insisten, no tiene nada que ver con ese «lawfare».

De ahí que en el Tribunal Supremo –que condenó a penas de hasta trece años de prisión a los líderes del «procés», después indultados por el Gobierno en contra de su criterio, y que mantiene abierta la causa penal contra Puigdemont y el resto de procesados rebeldes– no pongan paños calientes a su valoración de los términos de ese acuerdo entre socialistas e independentistas en relación al Estado de derecho y a la separación de poderes: «Es una tragedia».

El malestar y la inquietud de todos los representantes del Poder Judicial se dejó sentir a las pocas horas de que se diera a conocer el texto. La reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya había aprobado una declaración institucional muy crítica, fue secundada tanto por las asociaciones de carácter progresista como conservadoras de jueces, fiscales y letrados, que expresaron en bloque su crítica a los términos que se emplearon para redactar el pacto.

Respuesta unánime de las asociaciones judiciales y fiscales

Para muestra, lo dicho por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que expresó su indignación por el anuncio sobre la creación de comisiones parlamentarias que revisen las resoluciones judiciales, algo que, dijo, «pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes». Además, recalcó que la única vía legal para revisar las resoluciones de los tribunales son los recursos jurisdiccionales, «sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado».

Otra organización de corte progresista que también se ha unido a esta ola de indignación ha sido la asociación Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD). Si bien la semana pasada criticaba a quienes se pronunciaban sobre la futura ley de amnistía antes de conocer el acuerdo, una vez visto el calibre del mismo, se sumó a la declaración de las otras tres asociaciones –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y la Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente–. En bloque, denunciaron que «someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».

Y para la mayoritaria Asociación de Fiscales, que el pacto de investidura contemple la creación de comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales en el seno de las sedes parlamentarias solo se puede leer como un «ataque sin precedentes» y es una medida que refleja «un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho».

Los jueces decanos de toda España y los presidentes y presidentas de las Audiencias Provinciales también se sumaron a la declaración de las cuatro asociaciones de jueces, que ponía el acento en que «el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas» y recordaba que existe un sistema de garantías jurisdiccionales que despeja cualquiera de los riesgos que se insinúan sobre su funcionamiento. Es decir, no se justifica ni se necesita la creación de ningún tipo de comisión que vigile las resoluciones de los tribunales desde el Poder Legislativo.

La posibilidad de que de la actuación de las comisiones se deriven responsabilidades es lo que más irritación ha causado. Hay malestar en el mundo judicial.