La reforma del Gobierno para acceder a la carrera judicial: "Ya no se trata tanto de conocer la ley"

La reforma legal que impulsa el Gobierno que introduce cambios en el sistema de acceso a la carrera judicial nace con el principal objetivo –según destaca en su exposición de motivos el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros– de «potenciar la excelencia» de los futuros jueces y fiscales. Y para ello, deja claro, «ya no se trata tanto de conocer la ley, que por la propia complejidad el derecho actual se revela harto difícil de conocer con exhaustividad, sino de conocer el derecho y saber aplicarlo en la solución de los conflictos y en la defensa de los derechos de la ciudadanía».

Con esa máxima, el anteproyecto –del que recelan la mayoría de las asociaciones judiciales– apuesta por superar las pruebas de selección «principalmente memorísticas» y potenciar la capacidad de «contextualizar» la función jurisdiccional, «con capacidad crítica y conocimiento y sensibilidad social».

En un momento en el que varias causas judiciales atosigan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez –el «caso Koldo», las investigaciones por tráfico de influencias a Begoña Gómez y al hermano del presidente, David Sánchez, y la causa abierta contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo–, y en el que se suceden los ataques a los jueces desde el Ejecutivo, esta ambiciosa reforma despierta reticencias entre la judicatura. Heredera de las propuestas de Podemos y Sumar para «democratizar» el acceso a la carrera judicial, que consideran de ideología mayoritariamente conservadora y alejada de la realidad social –aún resuenan las críticas de los socios de Gobierno a la justicia «patriarcal» y al «machismo» de los togados–, la mayoría de asociaciones judiciales teme que con estos cambios legales se intente aplicar un filtro ideológico en la selección de los candidatos a integrarse en la carrera judicial.

A las críticas a la «endogamia» de la carrera –aunque según los últimos datos solo el 6% de los jueces en prácticas tienen un familiar juez– se une en este caso la percepción de que los nuevos jueces salen de familias acomodadas, dado que el tiempo medio de preparación de los exámenes de ingreso es de cuatro o cinco años, en los que los opositores difícilmente pueden compaginarlo con un trabajo retribuido. Con esa premisa se impulsa un sistema de becas «que garantice adecuadamente el principio de igualdad» de acceso a los cargos públicos.

El anteproyecto abre la puerta a incorporar a la judicatura a los jueces sustitutos –según los últimos datos, 913 frente a los 5.416 magistrados en activo, lo que supone un 16,86% de la carrera– mediante un concurso-oposición similar al que deben concurrir los juristas de reconocido prestigio. En cuanto a estos últimos (que por ley deberían ser una cuarta parte de la carrera), se establece que las convocatorias sean anuales y simultáneas con las de la oposición libre. Además, obliga a ofertar un número de plazas «que no podrá ser inferior al equivalente a un tercio de las ofertadas para el acceso por el turno libre».

«Quieren meter a los jueces sustitutos», aseguran fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Me parece una barbaridad», se quejan, argumentando que no todos se encuentran en las mismas circunstancias: «Algunos están trabajando todo el año, pero otros solo 15 días por la baja de un juez».

En cuanto al acceso por el cuarto turno, creen que es «complicado» llevar a la práctica las disposiciones de la reforma de que una de cada cuatro vacantes corresponda a juristas de reconocida competencia con al menos diez años de experiencia. «Un año puede haber muchas vacantes y otros pocas», señalan. Según esas mismas fuentes, con el texto legal se está despojando de competencias a la Comisión de Selección de las oposiciones a jueces y fiscales y al propio Consejo. «¿Qué es lo que dejan al CGPJ y a la Comisión?», se preguntan incidiendo en que esta última apenas podrá «fijar el número de temas». «Me parece un despropósito y puede provocar un descalabro en la carrera judicial».

El anteproyecto añade una prueba por escrito a los aspirantes jueces para valorar «la capacidad de redacción escrita y de argumentación» más allá de las pruebas «memorísticas». «Son 300 temas, pero hay mucha interrelación entre ellos a la hora de exponerlos. Solo con memoria no basta», apuntan en el Consejo, a la vez que esa capacitación práctica ya se ejercita en la actualidad en la Escuela judicial, donde –recuerdan– «se enseña a los jueces las herramientas para el desempeño profesional».