Los agentes de la Udyco de la Policía Nacional sabían que tenían un problema en la lucha contra los narcos. Estos expertos antidrogas "cazaban" contenedores en Algeciras con una gran cantidad de cocaína, pero no podían detener a los sospechosos. Los delincuentes recibían "chivatazos" y eludían la acción de la justicia. Con el paso del tiempo consiguieron las claves que apuntaban directamente a Óscar Sánchez Gil, el exjefe de la UDEF que tenía millones emparedados en su casa.

La primera señal de alerta la recibieron en 2021 cuando no pudieron desarrollar al completo unas diligencias en el Puerto de Algeciras. Los responsables de la cocaína se marcharon. Aun a día de hoy se sospecha que están fuera de España.

Este primer chivatazo se puede corroborar en la actualidad que fue proporcionado por el exjefe de la UDEF. El principal nexo del mundo del narcotráfico con el inspector jefe es Ignacio Torán. El hombre que pasó de ser confidente a socio.

Toneladas de cocaína

Después de esta advertencia llegaron muchas más. "Se introdujeron numerosos alijos cocaína, sumando una gran cantidad de toneladas, sin que se pudiera incautar la droga", refleja uno de los informes policiales a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

A pesar de ello, no fue hasta junio de 2024 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia y comenzaron las diligencias en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. La Udyco Central y Asuntos Internos llevaron el tema con el máximo hermetismo posible.

El caso era muy delicado y sabían que cualquier paso en falso podría provocar que tanto Óscar como sus socios se marcharan de España en virtud de la gran capacidad económica de la que disponían. Las vigilancias y las escuchas telefónicas fueron claves en este sentido.

Fuentes de la investigación afirman a LA RAZÓN que la carga incriminatoria es "determinante". Las conversaciones del exjefe de la UDEF con su socio narco se multiplicaban por WhatsApp y todas iban en el mismo sentido de hacer negocios.

Las conversaciones de Óscar

Este mando policial no tenía contacto, al menos aparente, con los otros detenidos. El resto de miembros de la organización criminal guardaban más cautelas y se relacionaban por aplicaciones de mensajería encriptadas.

El sentimiento de "impunidad" de este inspector jefe era tal que recibía en sus cuentas transferencias de dinero de las propias empresas que marcaba para supuestamente investigarlas. Una cantidad que le proporcionaba una vida estable y, a pesar de los gastos, no variaba su balance económico.

La última novedad del caso fue la detención de Miguel, español de 58 años, y Vilma Janet A.B., ecuatoriana de 51 años. Se entregaron en una comisaría de Policía Nacional. Estuvieron cinco meses fuera del alcance de las autoridades, que, incluso, llegaron a pedir una orden de detención internacional.

Su abogado, Francisco Miguel Galiana, consiguió que el hombre quedará en prisión domiciliaria y la mujer en libertad con la obligación de firmar cada día en sede judicial. El magistrado Francisco de Jorge fundamenta esta situación procesal por los indicios de las conversaciones telefónicas intervenidas y destaca que Óscar Sánchez Gil, el exjefe de la UDEF de Madrid, dio el aviso al matrimonio "para que huyesen y evitasen la detención".

La investigación de este caso está lejos de concluir. El instructor destaca en sus autos que aún queda por localizar un patrimonio millonario que podría encontrarse fuera de España. Por este motivo, la mayor parte de las pesquisas siguen bajo secreto de sumario.

Los contenedores de los narcos

Una de las cosas que más llamó a los funcionarios es la "ingente cantidad de numeraciones de contenedores investigados" que marcó Óscar Sánchez en el sistema, especialmente los de una sociedad que propició la explotación de las pesquisas. Esta empresa fue la que figuraba como propietaria del contenedor donde se localizó el mayor alijo de cocaína de España en Algeciras. Fueron 13 toneladas de drogas las que se incautaron.

Los narcos utilizaban, en diversas fechas, varias sociedades "siempre con la colaboración" del exjefe de la UDEF de Madrid para "asegurar su impunidad". La organización consiguió "introducir en España contenedores cargados de cocaína".

El socio del inspector jefe utilizó múltiples mercantiles de las que él era el verdadero propietario y la persona que tomaba las decisiones para blanquear las cuantiosas ganancias de su actividad de importación de droga. Estas sociedades son: la Asesoría de Reputación Corporativa, Top Life Real State, La Suerte de Atocha, Leihwagen y Marbella Land. Los agentes han podido localizar "bienes por valor de decenas de millones de euros en distintos países".