Multas y control: el plan de Sánchez para los medios

El Gobierno avanza –tal como adelantara ayer este diario– en el paraguas regulatorio que permita aumentar su control sobre los medios de comunicación críticos y lo hace con un primer paso en el Consejo de Ministros celebrado ayer. El periodo de reflexión de Pedro Sánchez se saldó con la convicción de que aquellos que el presidente calificó de «pseudomedios» han tenido un impacto decisivo en el cerco judicial que atenaza a su entorno más directo. Sin embargo, mucho antes de que se produjera la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, Sánchez ya puso el foco en la «derecha política, mediática y económica», acusándola de crear una «burbuja de antisanchismo» para difundir «falsedades» y opacar los logros de la gestión gubernamental. El jefe del Ejecutivo se propuso explotar esa burbuja durante la campaña del 23J, iniciando un «roadshow» en el que se prodigó por plazas mediáticas consideradas hostiles por La Moncloa, pero, superada la coyuntura electoral y la búsqueda de votos, volvió a recluirse en sus espacios afines y decidió virar la ofensiva al ámbito normativo.

En este sentido, el Gobierno ultima la futura ley de gobernanza democrática que prevé establecer un férreo control sobre los medios de comunicación, generando un registro de los mismos, con información sobre la propiedad y la publicidad institucional que reciben, y en el que se evaluará su «pluralismo». El encargado de velar por el cumplimiento de estos estándares fijados por el Gobierno será la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), según el anteproyecto aprobado ayer, que tendrá que recalibrarse también a nivel legal, porque sus nuevas atribuciones exigen cambios en su estructura con el fin de adaptarla a las nuevas responsabilidades que le asigna la norma. Además, habrá que dotarla económicamente de más medios para asumir la carga de trabajo extraordinaria.

Entre los aspectos más controvertidos de la ley está el nuevo procedimiento –liderado por la CNMC– que se pondrá en marcha para evaluar el impacto sobre ese «pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación», cuando esas operaciones involucren a medios que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente. En virtud de esta futura norma, la CNMC tendrá amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. En este sentido, el anteproyecto establece también un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6 % del volumen de negocio anual mundial para infracciones muy graves.

El Ejecutivo dio ayer un paso más en esta estrategia dando luz verde al citado anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Una norma que contempla, entre otras cuestiones, la modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual para crear un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, que dependerá de la citada CNMC. Los medios de ámbito estatal se deberán inscribir y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional. No solo se tratará de una cuestión de transparencia, sino que, en base a estos datos, se establecerán limitaciones de financiación pública para garantizar que «no haya ningún medio que tenga más financiadores públicos que lectores», en palabras del propio Sánchez. El registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona, según confirman fuentes gubernamentales, que han explicado, además, que se crearán registros autonómicos, que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito autonómico.

La Agencia Española de Protección de Datos será, por su parte, la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores. Con esta futura ley, los proveedores de servicios de internet tendrán que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, deberán ser transparentes en los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online, entre otras.

En rueda de prensa, el ministro Óscar López, se escudó ayer en que la norma cuenta con el aval europeo –el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación que se aprobó en 2023 en el seno de la Unión Europea– y que es «importante» porque «nos refuerza a todos los ciudadanos en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos en sistemas de verificación, redes sociales y medios de comunicación». A juicio del titular para la Transformación Digital, los «ciudadanos merecen saber quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe o si se produce una concentración».