La Fundación Franco adapta sus Estatutos para evitar su ilegalización

Introduce cambios en su articulado para atenerse a lo establecido en la Ley de Fundaciones.

El grupo parlamentario Unidos-Podemos consiguió sacar adelante el 15 de febrero del año pasado una proposición no de ley (PNL), presentada por En Marea, para que el Protectorado de Fundaciones abriera una investigación a la Fundación Francisco Franco (FNFF) por sus actividades «presuntamente ilícitas», por incitar al incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y por sospechar de «indicios racionales de ilicitud penal en su actividad». Y hace sólo unos días la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dijo que el Gobierno quiere ilegalizar las fundaciones y asociaciones que hagan «apología del franquismo en España», un compromiso que hizo propio el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Ante este escenario, la Fundación Francisco Franco ha adaptado sus Estatutos a la Ley de Fundaciones «para evitar las posibles sanciones que pudieran venir por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica», explica a LA RAZÓN su presidente ejecutivo, Juan Chicharro. Los cambios se presentaron en abril del año pasado al Protectorado de Fundaciones, «que todavía no ha respondido», apunta el general Chicharro. Los cambios fundamentales se sustentan en el artículo 6, que describe los fines de la fundación. Donde antes se hablaba de que su cometido es emprender «toda actividad que conduzca a enaltecer la figura de Franco y a preservar su legado», «contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española» y «exaltar su vida como modelo de virtudes prestadas al servicio de la Patria», se han introducido novedades significativas. Ahora se hace constar que la finalidad de la FNFF es «difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco en su dimensión humana, militar y política, así como las realizaciones de los años de su mandato (...)». Además de contribuir al «estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre 1936 y 1977».

Los Estatutos que estaban en vigor antes de esta modificación se aprobaron por el Patronato de la Fundación el 16 de noviembre de 2001, bajo la presidencia de Carmen Franco. El texto conservaba entonces «íntegro el espíritu de los Estatutos iniciales» y se adaptó «a los requerimientos de la ley 30/94». El nuevo articulado nada tiene que ver y las modificaciones introducidas son sustanciales con el fin de obtener el beneplácito legal, pese a que en la FNFF son conscientes de la gravedad del frente abierto con el Gobierno del PSOE. «Están como locos por ilegalizarnos, es pura doctrina dictatorial, como en Bolivia o Venezuela. Al que no piensa igual que yo lo ilegalizo y además si puedo lo meto en la cárcel, eso es lo que dicen en la reforma de la Ley de Memoria Histórica», afirma Chicharro.

El antiguo ayudante de campo del Rey Juan Carlos considera que esta forma de intentar ilegalizar la Fundación «es la que llevan buscando desde hace mucho tiempo». La otra vía, explica, vendría de la «apología del franquismo, según la Ley de Memoria Histórica, pero sería inconstitucional y recurrida en su caso».

En este sentido, la Fundación apoya su defensa en tres artículos de la Carta Magna – 14, 16 y 20– en los que se defiende la no discriminación «por razón de opinión», la garantía de la «libertad ideológica» y el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones».

Según el general Chicharro, «ante la evidencia de lo prescrito en la Constitución, los promotores de esta iniciativa buscan subterfugios» en su artículo 22 para acusar a la FNFF de «apología del franquismo», lo que implica «descalificar por completo a aquellos que no quieren olvidarse de cuarenta años de Historia de nuestra nación».

En un comunicado del pasado 27 de julio, la Fundación Franco recuerda que «se atiene escrupulosamente a los fines de interés general establecidos en la Ley de Fundaciones».

Otras siete fundaciones de corte similar y bajo la lupa del Gobierno son: Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Serrano Súñer, Fundación Ramiro Ledesma Ramos y Fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés.