Los jueces apuntillan la "ley Begoña" por propiciar "espacios de impunidad"

Dos de las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente- han dado la voz de alarma ante la reforma legal que pretende el PSOE para descafeinar la acción popular, la ya conocida como "ley Begoña" porque, de aplicarse, supondría el archivo de la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción en los negocios.

En un comunicado, ambas asociaciones se posicionan en contra de la proposición de ley socialista -como también han hecho la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- y advierten de las "graves consecuencias" que supondría tanto la limitación de la acción popular, "prevista en la Constitución como derecho de los ciudadanos", como del "papel constitucional" del Poder Judicial.

No en balde, consideran que restringir la acción popular (a la que se pretende apartar de la fase de instrucción) supone asumir "el riesgo de que determinados hechos escapen del conocimiento de los juzgados". De manera que, precisan, "gobiernos de cualquier signo podrían aprovechar la falta de independencia del Ministerio Fiscal y la limitación de la acción popular para crear espacios de impunidad y eludir el control" respecto de su actuación.

Y es que, recuerdan, en múltiples ocasiones han mostrado su preocupación por la "instrumentalización que gobiernos de distintos partidos han hecho" de la Fiscalía, "hasta el punto de mostrarnos contrarios al traspaso de la instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal, dada la falta de independencia del mismo respecto del Poder Ejecutivo".

Para estas asociaciones judiciales resulta llamativo que partidos políticos de distinto signo hayan mostrado públicamente sus "reservas" ante la figura de la acusación popular, "precisamente en momentos en que ocupan el Gobierno".

En particular, sostienen que negar a las asociaciones de jueces el ejercicio de la acusación popular "supondría una injustificada limitación al papel que estas entidades han de tener en defensa de la independencia judicial y de los derechos profesionales de la carrera, así como para la promoción y defensa del Estado de derecho".

La AJFV y Foro Judicial Independiente también cuestionan la ampliación de los motivos de abstención y recusación de los jueces (cuando hayan hecho pronunciamientos políticos sobre un partido objeto del procedimiento que instruyan). Algo que, más alla del ámbito de posibles responsabilidades disciplinarias en las que pueda incurrir un juez, supone "su limitación en el conocimiento de determinados asuntos" y "no puede tener más efecto que el de coartar o limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión, ya de por sí fuertemente limitado en virtud de la ley".

Si lo que se pretende, argumentan, es salvaguardar los principios de independencia judicial y la imagen de imparcialidad, "lo más adecuado sería reformar de manera urgente y definitiva el sistema de elección de vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, que en la actualidad obliga a los jueces y magistrados que presentan sus candidaturas a someterse al escrutinio de los partidos políticos". Asumiendo de esta manera ante la ciudadanía, lamentan, "una etiqueta de “conservador” o “progresista” que lastrará el ejercicio futuro su actividad jurisdiccional".