"Iñaki de Rentería" se desmarca del asesinato de Miguel Ángel Blanco

El exdirigente de ETA Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería", seguirá en libertad mientras la Audiencia Nacional continúe investigando su supuesta responsabilidad -y la de otros tres antiguos jefes de la banda terrorista- en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Ninguna de las acusaciones ha solicitado la prisión provisional del exintegrante de la Zuba o comité ejecutivo de la banda terrorista tras su declaración como investigado por estos hechos.

Dignidad y Justicia ha solicitado al magistrado Manuel García Castellón que le obligue a comparecer cada 15 días en los juzgados, le prohíba salir de España y le retire el pasaporte (medidas que ya se le impusieron en otra causa y que están actualmente en vigor) y que fije un domicilio para estar localizado por el juzgado, peticiones a las que se han adherido el resto de las acusaciones -la familia de la víctima, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP- salvo la Fiscalía, que no ha pedido medidas cautelares, pero no se ha opuesto a las solicitadas. Ahora, la decisión está en manos de lo que decida el instructor de la causa.

En su comparecencia por videoconferencia, desde los juzgados de San Sebastián, Gracia Arregui "se ha hecho un lío", según fuentes jurídicas, y ha comenzado desmarcándose del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya). Según apuntan esas mismas fuentes, "Iñaki de Rentería" ha manifestado en un principio que no reconoce los hechos que se le imputan para, a renglón seguido, comunicar al juez que no tenía intención de declarar, momento en el que el magistrado le ha precisado que si negaba las imputaciones contra él ya estaba declarando. Aconsejado por su abogado, el exjefe de ETA ha precisado entonces que optaba por ejercer su derecho a no declarar. La defensa del exdirigente etarra esgrimió igualmente el principio de especialidad, manifestando que las autoridades francesas no autorizaron su entrega por esta investigación.

Investigado también por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Lo mismo hicieron en su día María Soledad Iparraguirre, "Anboto", Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri", y Mikel Albisu, "Mikel Antza". Los dos primeros arguyeron que Francia no autorizó su entrega a España para responder penalmente por estos hechos (que se les han imputado con posterioridad), mientras que el segundo argumentó que ya fue condenado en el país vecino por su pertenencia a ETA lo que en opinión de su defensa impide que sea ahora investigado por su actividad criminal. Albisu (el único investigado en libertad junto a Gracia Arregui) tiene prohibido salir de España y debe comparecer cada 15 días en el juzgado desde esa comparecencia en julio del pasado año (las mismas medidas que ahora reclaman las acusaciones para el exjefe del "aparato logístico" de ETA).

"Iñaki de Rentería" ya tenía prohibido salir de España por orden judicial desde que en febrero del pasado año otro juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, le retiró el pasaporte y le impuso la medida cautelar en el marco de la investigación por el asesinato de Gregorio Ordóñez. Entonces, descartó enviarle a prisión, como reclamaron tanto el PP como la familia de la víctima. La Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar y consideró suficiente que facilitara un domicilio para estar localizado, al descartar el riesgo de fuga (está en libertad desde 2011) y de que destruyera pruebas (al haber pasado ya más de 25 años del atentado contra el portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián).

Pudieron "evitar" el asesinato

El instructor considera que los cuatro exjefes de ETA investigados pudieron haber evitado el asesinato del concejal de Ermua por su "suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización", como defendía en la querella contra la excúpula de ETA el abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias. García Castellón defiende que eran "plenamente conscientes de la posición de mando" que ostentaban dentro de la organización terrorista y de su "amplia capacidad de actuación", que les capacitaba para "ordenar la comisión de acciones terroristas concretas, o bien la de evitar las mismas".

García Castellón da por seguro que eran "plenamente conocedores" de la existencia del secuestro de Miguel Ángel Blanco, "ya no solo por haber decidido, planificado y ordenado" la acción criminal, sino porque ETA "se responsabilizó de su secuestro" a través de los medios de comunicación "justificando la acción terrorista".

Tal y como puso de manifiesto la Guardia Civil en un extenso informe, el magistrado sostiene que la decisión de secuestrar y asesinar al concejal "no fue tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que requirió del consenso y la toma de una decisión, adoptada de forma colegiada, por todos los integrantes de la dirección". Miguel Ángel Blanco era un "objetivo preferente de ETA", destacó el juez en el auto de imputación, por lo que considera "improbable" que una acción criminal de semejante trascendencia se llevara a cabo "sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA".