«La prioridad era encontrar a Miguel Ángel antes de que lo matasen»

Esa llamada lo cambió todo. Hasta ese momento, era un 10 de julio más, con media España de vacaciones y la otra media contando los días para disfrutarlas. Como hoy. Como cualquier otro 10 de julio de encierros de San Fermín, altas temperaturas y vísperas de las fiestas del Carmen. Pero esa llamada a la emisora de Egin Irratia, esa maldita llamada a las seis y media de la tarde, sacudiría a todo un país en los próximos dos días. ETA anunciaba que había secuestrado a un concejal de Ermua (Vizcaya), desconocido hasta entonces, y daba 48 horas al Gobierno de José María Aznar para acercar a cárceles del País Vasco a los presos de la banda terrorista. Una condición imposible, disparatada y malévola, de la que dependía la vida de Miguel Ángel Blanco, de 29 años. Si el Gobierno no cedía al chantaje, los terroristas ejecutarían al edil del PP ese mismo sábado 12 de julio a las cuatro de la tarde.

La alerta llegó inmediatamente a través de la Ertzaintza a la Audiencia Nacional, el tribunal que asume los casos de terrorismo, donde el magistrado Manuel García Castellón –entonces, como ahora, al frente del Juzgado de Instrucción número 6– sería el encargado de dirigir una investigación sobre la que pendía ese angustioso plazo de 48 horas que mantuvo a España entera con el corazón en vilo.

Ya había una denuncia interpuesta ante la Policía autonómica vasca –la que había puesto Miguel Blanco, el padre del joven concejal, tras su desaparición–, pero fue en ese momento cuando García Castellón abrió las diligencias previas 256/1997-G en el marco de las que se llevaría a cabo toda la investigación, en esas primeras horas, como no podía ser de otra forma, a contrarreloj.

En avión militar a la central de la Ertzaintza

«Esa misma tarde me desplacé en un avión militar a la comisaría de la Ertzaintza en Deusto –recuerda 25 años después García Castellón para LA RAZÓN–, desde donde se firmaron las primeras órdenes de registros». Se actuaba prácticamente a ciegas, siguiendo informaciones de los servicios de inteligencia policiales y de «fuentes anónimas». Pero el objetivo estaba claro. «La prioridad es encontrarle vivo de cualquier forma antes de que lo maten».

Esperanzas, pocas. Tanto el magistrado de la Audiencia Nacional como la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad eran conscientes de con quién se la estaban jugando. «Estando en manos de quien estaba –confiesa el magistrado–, te puedes imaginar el resultado. Desgraciadamente, sí tenía la certeza de que le iban a matar. Estábamos tratando con psicópatas».

A partir de ese momento, se suceden 48 horas frenéticas prácticamente sin descanso –«no recuerdo haber ido a dormir a ningún hotel; estuve todo el rato en Deusto»– en busca de una mínima pista que conduzca al paradero de Miguel Ángel Blanco. «Estaba abstraído en mi trabajo», recuerda el instructor, que se había visto en una situación similar cuando dirigió la investigación para encontrar a la niña Olga Sangrador y «lo importante era que el asesino contara dónde estaba».

Sin contactos con el Gobierno

Mientras el clamor social iba en aumento y el edil de Ermua seguía en manos de sus captores –los etarras Javier García Gaztelu, «Txapote», Irantzu Gallastegui y José Luis Geresta–, la investigación judicial no se detenía. En ningún momento se planteó la posibilidad de que el Gobierno de Aznar cediera a las exigencias de ETA. De hecho, García Castellón asegura que ni siquiera se puso en contacto con el Ejecutivo: «No hubo ninguna comunicación con el Gobierno».

Con España en la calle clamando por la liberación de Miguel Ángel Blanco –imposible olvidar la multitudinaria manifestación en Madrid– a primera hora de la tarde de ese sábado 12 de julio, la Ertzaintza comunicó a García Castellón por fax que se había hallado a una persona maniatada con un disparo de bala en la cabeza en una zona despoblada de Lasarte (Guipúzcoa).

«Estaba terminando de comer con Atutxa (entonces consejero de Interior del Gobierno vasco) en la sede de la Ertzaintza y le llamaron para avisarle. Nos fuimos inmediatamente al hospital», rememora García Castellón.

El edil del PP, aún con un halo de vida, había sido trasladado en ambulancia al hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. «Volví a Madrid esa misma noche –explica–. Mi trabajo era encontrarle con vida y ese trabajo estaba ya en manos de los médicos». Esa madrugada, a las 5:00 del 13 de julio, fallecía Miguel Ángel Blanco, desatando una ola social de indignación y de rabia contra ETA pero, también, de desbordante solidaridad con la familia del concejal asesinado. Todos éramos, en cierta forma, su familia.

«No fue un asesinato más –asegura García Castellón-. Todos los asesinatos son terribles, pero éste particularmente. Supone un antes y un después». Para el magistrado, «esa muerte salvaje sirvió al menos para concienciar a la sociedad vasca para que poco a poco desapareciese esa ambigüedad que existía en determinados ámbitos políticos y sociales». «La sociedad, quizá no de forma consciente –argumenta– se dio cuenta de qué habría pasado con ellos si los terroristas hubiesen ganado y puesto en práctica sus postulados de eliminación física del adversario. Se dio cuenta de con quién estábamos tratando. Afortunadamente, el Estado ganó».

ETA quería “demostrar quién manda”

Para el juez de la Audiencia Nacional, «la movilización de las manos blancas está bien, pero el mensaje verdaderamente importante es que la sociedad se diera cuenta de a qué tipo de psicópatas nos estábamos enfrentando. ETA simplemente sacrifica a Miguel Ángel Blanco para demostrar quién manda». Y subraya que hasta ese momento en determinados ámbitos de la sociedad vasca se reaccionaba ante un atentado con el «algo habrá hecho...».

Ya en Madrid, ese domingo 13 de julio García Castellón convoca en la Audiencia Nacional a mandos de los cuerpos policiales. Con el edil del PP ya muerto, la investigación se centra en encontrar a los responsables de su secuestro y asesinato. El 17 de junio (un día antes la Asociación Víctimas del Terrorismo interpuso querella) se abre un sumario por detención ilegal y asesinato terrorista.

Pero las diligencias no dan su fruto y en enero de 1998, el juez archiva la causa sin autor conocido. «No había ninguna pista», constata. Dos años y medio después, en octubre de 2000, la causa se reabre contra Ibón Muñoa, condenado como cómplice. En esas fechas, García Castellón ya ejercía como juez de enlace en Francia. En París se enteró de las condenas a «Txapote» y Gallastegui en 2006. «Fue un respiro», asegura el magistrado.