El Gobierno "advierte" ahora a Junts: saber catalán no puede ser un requisito para expulsar inmigrantes o negar permisos de residencia

Apenas 24 horas después de que el PSOE rubricase un pacto con Junts para traspasar las competencias de inmigración a Cataluña, la portavoz del partido independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, dejaba caer que una vez se apruebe la ley orgánica, la Generalitat tendrá potestad para exigir como "requisito" el conocimiento del catalán para obtener un permiso de residencia en Cataluña. Palabras de las que hoy intentaba salir al paso el Ejecutivo.

La encargada de hacerlo ha sido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien aseguraba que si bien conocer el catalán "no resta, suma", la lengua "no es un requisito para denegar un permiso, expulsar a una persona o prohibir su entrada en nuestro país". En este sentido, ha intentado mantener la línea argumentativa de que "el marco normativo es el mismo" tanto en Cataluña como en cualquier otro lugar de España.

Dicho lo cual, ante los micrófonos de Carlos Alsina, Saiz defendía el polémico pacto entre socialistas y los de Carles Puigdemont. Así ha intentado explicar que "es bueno que una comunidad asuma una responsabilidad en una competencia tan compleja" como la de inmigración. Es más, a su juicio, el hecho de que una administración autonómica se encargue de esta competencia es una buena noticia, ya que "está más cerca al terreno", lo que permite eliminar trabas y burocracia. Punto en el que ha aprovechado para arremeter contra las comunidades gobernadas por el PP, a las que ha acusado de "dejación de funciones con los menores migrantes".

De Puigdemont a los "bulos" de la ultraderecha

Una suerte de "panacea" que resolverá el riesgo de "desbordamiento en los servicios públicos de Cataluña por la afluencia de inmigrantes", como denunciaba el propio Puigdemont, pero que, según la ministra, son bulos alimentados por la ultraderecha. "Es un bulo que las extranjeros vengan a colapsar nuestros sistemas sanitarios. Suponen el 10% de ingresos de la Seguridad Social y solo el 1% del gasto", aseguraba Saiz en medio de su ataque a Vox y al PP, mientras dejaba a un lado al líder de Junts, verdadero artífice de esa afirmación.

Porque lejos de cargar contra Nogueras o Puigdemont por esas declaraciones de corte racista y xenófobo, Saiz ha desviado el foco hacia la formación que lidera Santiago Abascal, a quienes no solo acusa de "desinformar" a los ciudadanos. "No voy a comprar el marco de Vox, que demoniza las lenguas cooficiales y nos quiere llevar a tiempos oscuros en los que hablar catalán, hablar euskera o gallego estaba prohibido", reivindicaba la ministra.

Y en esto de aclarar conceptos, y tras la polémica surgida por la cesión del control de fronteras, la titular de Migraciones ha querido insistir en que no estamos ante una cesión sino una delegación de competencias. De ahí, reitera, que estemos ante algo reversible, que "está legislado". "Esta delegación nace del artículo de la Constitución 150.2 y se aplica con la Constitución en la mano", ha matizado, no sin antes preguntarse: "¿Por qué queremos matar algo que no ha nacido?".

En definitiva, será el Estado quien mantendrá el control de las fronteras, aunque, eso sí, la Generalitat podrá ejecutar o proponer expulsiones en ciertos supuestos. Sobre el "robo" de competencias a la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña o su progresivo desmantelamiento... de este asunto, ni una palabra. Y se trata de una cuestión importante ya que, si bien esta medida no será de aplicación inmediata ante la falta de agentes de los Mossos, en el futuro esta cesión de competencias podría afectar a más de 1.700 policías nacionales.