Pacto con Junts

El Gobierno blanquea la política antiinmigración de Puigdemont

El expresident se jacta de avanzar hacia la «nación catalana» e impone la lengua para tener la residencia

(I-D) La portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, a 4 de marzo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Puigdemont ha reivindicado que el acuerdo entre el PSOE y su partido para la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat representa la asunción de cuestiones que son “competencias que normalmente ejercen los estados”.04 MARZO 2025;RU...
Puigdemont reivindica el acuerdo de inmigración con el PSOEAlberto ParedesEuropa Press

El Gobierno avanza aparentemente una casilla hacia la meta de la legislatura: conseguir aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que permitan agotar el mandato. El pacto con Junts, para delegar las competencias de inmigración, no presupone que se alcance el objetivo, pero sí desbroza el camino. Fuentes de la negociación confirman que la relación se ha encauzado en las últimas semanas y desde la parte socialista se muestran optimistas sobre la posibilidad de alumbrar unas cuentas públicas: «Están más cerca».

El coste político de seguir avanzando etapas se mide en el crédito que está cediendo el Ejecutivo ante las exigencias de sus socios. Exigencias que chocan con los valores progresistas, que suponen seguir desdibujando las líneas rojas que se habían marcado públicamente y que, en esta concreta cuestión, permiten blanquear el marco antiinmigración que Junts quiere imponer en su pugna fratricida con la extrema derecha de Alianza Catalana. En la exposición de motivos de la proposición de ley orgánica rubricada y registrada ayer por el PSOE y los juntaires se alerta de la necesidad de «evitar los posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social». Esto es, para la identidad catalana: la lengua y la cultura.

Moncloa enfría el pacto

El Ejecutivo vuelve a quedar retratado en sus contradicciones. El ministro del Interior aseguró que no habría «delegación» de competencias en inmigración y la portavoz perimetró en el artículo 149 de la Constitución que estas atribuciones eran «únicas y exclusivas» del Estado. Este perímetro se ha vuelto a ensanchar lo suficiente para quebrar la palabra dada y permitir el acuerdo. Sin embargo, desde Moncloa intentan ahora enfriar el pacto, tratando de rebajar al máximo su impacto.

Se afanan en puntualizar que se trata de una delegación, no un traspaso ni una cesión, lo cual tiene un doble condicionante: el Gobierno mantiene la tutela sobre la competencia y la puede revocar en cualquier momento. Otro punto importante que recuerdan es que la Generalitat está actualmente en manos del PSC y que será Salvador Illa quien dirija el despliegue competencial, no Junts, pese a que sea quien rentabilice la cesión. Por último, en el Ejecutivo miran hacia la complicada aritmética en el Congreso como una oportunidad, pues varios socios imprescindibles han condicionado su apoyo a la medida y podrían dejarla caer. «Todavía queda la tramitación», anticipan, sin augurar un final exitoso.

Hacia la "nación catalana"

Por su parte, Puigdemont trató ayer de capitalizar la cesión hasta el extremo, asegurando que supone un paso clave en la consolidación de la «nación catalana», dotándola de herramientas para preservar su identidad, su lengua y su modelo de integración. «Cuando entre en vigor la ley, nuestro sistema político e institucional gestionará competencias que normalmente ejercen los estados. Al final estaremos mucho más preparados para el futuro como nación», aseguró. Tirando de la retórica más radical, el expresidente articula la nueva normativa como condición necesaria para proteger el modelo de vida catalán frente a dos amenazas: «La violencia y la radicalización religiosa» y «el auge de postulados xenófobos y racistas».

El expresidente apunta que, con el modelo de inmigración actual, es imposible «asegurar el progreso económico y social de toda la sociedad catalana, ni podemos asegurar el futuro de nuestra identidad nacional basada en la lengua, en la cultura y en los valores propios de la catalanidad».

De este modo, a su juicio, la Generalitat será ahora la garantía de una gestión eficaz que evite el «desbordamiento de los servicios públicos» y asegure la «identidad nacional basada en la lengua y la cultura».

En este sentido, el expresidente aclaró que el catalán será un requisito para otorgar o renovar los permisos de residencia. «Hay que defender el derecho a vivir plenamente en catalán en Cataluña», aseguró, sentenciando, por último, que «el requisito de saber catalán es imprescindible para demostrar que te has arraigado a Cataluña».