"Caso Miguel Ángel Blanco": las víctimas arremeten contra la "número dos" de García Ortiz por "defender a los jefes de ETA"

La decisión de la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Ángeles Sánchez Conde, de enterrar la investigación contra tres exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, al considerar que los hechos han prescrito, ha soliviantado a las víctimas. Dignidad y Justicia (DyJ), que recurrió el archivo acordado por la Audiencia Nacional -al igual que hizo el PP y la Fundación Villacisneros- ha reaccionado acusando a la "número dos" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de actuar "defendiendo a los jefes de ETA".

Aunque la decisión final corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, si el posicionamiento de la teniente fiscal -contrario a lo que decidió la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala- sale adelante, la investigación contra la excúpula etarra por el asesinato del concejal del PP en Ermua quedaría herida de muerte, pues solo seguiría abierta respecto al también exdirigente de la banda terrorista José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri".

Para la asociación que preside Daniel Portero -hijo del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA- la decisión de Sánchez Conde demuestra "la disposición sumisa de la teniente fiscal a los intereses del Gobierno, que se encuentra secuestrado por Bildu". Dignidad y Justicia denuncia en este sentido que así "defiende los intereses de los responsables de la organización terrorista y no de las víctimas del terrorismo".

En ese comunicado, DyJ también alude a que la "número dos" de García Ortiz ha adoptado esa decisión, "en contraposición a lo manifestado por trece de los 16 miembros de la Junta de Fiscales del alto tribunal, que se han mostrado abiertamente favorables a continuar con el procedimiento".

"Estado de vergüenza"

La actuación de la Fiscalía, mantiene, "vuelve a demostrar que en España no vivimos en un Estado de derecho, sino en un Estado de vergüenza, en el que el Gobierno coloca a piezas de un organismo supuestamente independiente para controlar la Justicia y que sus socios en el Ejecutivo le sigan sosteniendo".

Los jefes de ETA investigados en el "caso Miguel Ángel Blanco", recuerda, "son elementos clave para Bildu y así se lo han hecho saber sus representantes políticos a Pedro Sánchez, que ha convertido la Fiscalía General del Estado en la Fiscalía General del Gobierno".

La asociación de víctimas también critica al fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro, quien también apoyó el archivo de la causa -que finalmente acordó la Sala Penal, después -dice- "de haberse mostrado abiertamente partidario de posturas de ultraizquierda en redes sociales".

En su recurso, Dignidad y Justicia argumentaba que como integrantes de la cúpula de la banda terrorista en esas fechas, los exjefes de ETA fueron responsables del "diseño, planificación y mandato de secuestrar y posteriormente asesinar" a Miguel Ángel Blanco, por lo que impedir actuar penalmente contra ellos vulneraría el derecho a la tutela judicial, a la seguridad jurídica y a un proceso con todas las garantías.

Un informe de la Guardia Civil, clave

Las acusaciones del "caso Miguel Ángel Blanco" defienden que el plazo de prescripción de 20 años se interrumpió desde el asesinato del concejal del PP en Ermua en 1997, especialmente con motivo de un informe de la Guardia Civil de 2002 que se refiere "expresamente" a Iparraguirre, "Mikel Antza" e "Iñaki de Rentería" como integrantes del Comité Ejecutivo de la organización terrorista. Asimismo, aluden a dos resoluciones judiciales de enero de 2006 y a diversas actuaciones ante la Justicia francesa –una de ellas la comisión rogatoria librada a Francia en relación a Javier García Gaztelu, "Txapote"– que según las acusaciones evidencian que la voluntad del instructor era centrar la investigación en los jefes de ETA en el momento de la acción criminal.

En su recurso contra el archivo de la investigación, DyJ hacía referencia al "significado, impacto y trascendencia" que tuvo el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, que considera "uno de los delitos más execrables vividos por la sociedad española contemporánea, en el que una organización terrorista, para la consecución de unos objetivos políticos, intentó poner en jaque al Estado de Derecho y mantuvo en vilo a toda la sociedad civil española durante tres días". "Todo ciudadano español que cuente con más de 35 años de edad en la actualidad tristemente sabe con exactitud que hizo durante los días 10 a 13 de julio de 1997", señalaba.

Para la acusación, el hecho de que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional Olga Sánchez preguntara expresamente a Javier García Gaztelu, "Txapote", quiénes eran los miembros del Comité Ejecutivo de ETA en el momento del atentado, en julio de 1997, evidencia que -dado que "Txapote" fue condenado como autor material del secuestro y asesinato del concejal del PP- revelaba el "interés de dirigir la investigación también contra quienes formaban parte del aparato de dirección de la organización terrorista".