Ya se ha fijado un calendario de negociación para que los sindicatos de los funcionarios de Justicia y el ministerio acuerden una propuesta que, posteriormente, elevarán a Hacienda para alcanzar su principal objetivo: un pacto salarial similar al que ya se ha firmado con los Letrados de la Administración de Justicia y con los jueces. Y lo han dejado claro: sin ajuste salarial, no habrá acuerdo en ningún otro aspecto. El conflicto afecta a cerca de 45.000 funcionarios.

Según confirman fuentes sindicales,  en enero habrá cinco reuniones , dos por semana, los martes y los jueves. Las han agendado los días 16, 18, 23, 25 y 31 de enero. Esta última jornada sería una conclusión de la propuesta que, posteriormente, se llevará a la mesa de negociación con Hacienda, que tiene que aprobar la subida salarial.Según CSIF, el ministerio planteó agendar solo una reunión semanal, lo que alargaría los encuentros hasta mediados de febrero, pero finalmente optaron por concentrar más reuniones en menos tiempo.

La reunión convocada para el mediodía de hoy ha estado presidida por la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, y han acudido representantes de CSIF, STAJ, CCOO y UGT, además de CIG y ELA. En ella, se ha acordado el desarrollo de dos grupos de trabajo a lo largo de enero. Uno de ellos abordará el teletrabajo en la Administración de Justicia y el otro analizará el impacto del proyecto Justicia 2030 en el trabajo del personal de los Cuerpos Generales y Especiales al servicio de dicha administración.

Tal como confirma a LA RAZÓN el secretario general de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urriés, desde el ministerio "han dicho que quieren una negociación rápida y bien trabajada que sirva de base a la negociación retributiva con Hacienda. El sindicato mayoritario señala que la prioridad será analizar el impacto de las leyes de eficiencia y el proyecto Justicia 2030 en las funciones y el trabajo del personal, así como las consecuencias de las leyes de eficiencia digital, procesal y organizativa (LOEO) en el desempeño diario de los cuerpos generales y especiales. A ello se debe sumar la regulación del teletrabajo.

“Arrancaremos casi de cero porque tenemos que mirar cómo estas leyes pueden incidir en nuestras condiciones y en el servicio que se presta a la ciudadanía, ver todas las incidencias de las nuevas realidades, nuevas funciones y responsabilidades, las nuevas formas de organizar el procedimiento judicial. Junto con ello, tiene que haber una propuesta económica”, explica Vicente Navarro, secretario general de STAJ, a LA RAZÓN

Quieren asegurarse de que no va a haber pérdida de retribución o amortizaciones de puestos cuando se reduzca el número de centros de trabajo y cómo se desarrollará la movilidad funcional en distintos órdenes jurisdiccionales.Y una vez hecha esta evaluación, determinar la subida salarial que se llevará a Hacienda.

Otros aspectos relevantes, como la carrera profesional, los Registros civiles, los grupos de población, la movilidad voluntaria o la provisión de puestos de trabajo, de mayor complejidad, se puedenincluir como parte de un acuerdo posterior para toda la legislatura, que se vayan implementando de forma paulatina.

Aunque los líderes sindicales que han hablado con LA RAZÓN son conscientes de que se tiene que avanzar “partido a partido” en la negociación y ver por dónde van discurriendo los planteamientos y acuerdos que se vayan alcanzando en cada una de esas fechas, también consideran razonable que la mesa con Hacienda desarrolle sus encuentros en febrero y que se pueda anunciar un acuerdo en la primera quincena de marzo. Eso, si todo va bien y se cumplen las expectativas.

Sin embargo, “sin acuerdo salarial, no habrá posibilidad de ningún otro acuerdo”, advierte Jordán. Si hay alguna desviación en este objetivo, retomarán los paros y huelgas.