Las cesiones a Puigdemont ponen en riesgo a más de 1.700 policías nacionales

Las cesiones de competencias a Junts ponen en riesgo las funciones de más de 1.700 agentes de la Policía Nacional en Cataluña, según los datos proporcionados a LA RAZÓN. Un acuerdo político del PSOE con los independentistas que es visto desde el Cuerpo como la "primera piedra" para expulsarles de la región. El traspaso de inmigración será un proceso largo y complicado hasta que los Mossos d'Esquadra se formen en la materia, según explican fuentes policiales.

Así, los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil viven con incertidumbre las noticias sobre su futuro en Cataluña. El contenido del pacto de PSOE y Junts ha generado un auténtico terremoto en sus plantillas que perciben con ansiedad cómo les va a afectar en su día a día. Los mandos de ambos cuerpos no tenían ni idea de acuerdo político. "Ha sido una sorpresa", señala uno de ellos en conversaciones con LA RAZÓN.

Con el paso de las horas de este martes, los agentes iban conociendo más detalles sobre la marcha y se reafirmaban en considerar como una "vergüenza" y "despropósito" la realidad de ceder las competencias migratorias a los Mossos d'Esquadra. Un cuerpo que, a su juicio, no está preparado para asumir estos cometidos por falta de unidades y de formación.

Las cifras de policías

A muchos de ellos se les vino al recuerdo las palabras del ministro del Interior el pasado 18 de septiembre en el Congreso de los Diputados. "Tanto el control de fronteras como el de los flujos de migración irregular son competencias exclusivas del Estado. No son susceptibles de ser transferidos o delegados", remarcó Marlaska en una intervención. Seis meses después, la situación ha dado un giro radical.

LA RAZÓN ha tenido acceso al número de agentes de la Policía Nacional que podrían verse damnificados por la decisión del Gobierno. Son un total de 480 en el aeropuerto, unos 350 en la Brigada Provincial de Extranjería y 50 en el CIE. También se verían afectados los grupos locales que están desde El Puerto (130 agentes) y La Jonquera (120) hasta los que menos tienen en Igualada (8).

Otro de los puntos críticos serán las Oficinas de Extranjería de las distintas UDEYES de la provincia. Cuentan con una cifra que varía de forma habitual, dependiendo de las necesidades, pero se sitúa en los 120 funcionarios. Las cifras totales reflejan un total de 1.715 policías nacionales afectados por el pacto con los independentistas de Junts.

Precisamente, esta cifra de funcionarios damnificados coincide con el aumento de los 1.800 agentes autonómicos que menciona el acuerdo del PSOE con los independentistas. "Las casualidades no existen en este momento", resaltan.

Un plazo de cinco años

Los agentes sospechan que el traspaso de las competencias de inmigración no va a ser a corto plazo porque los Mossos actualmente no tienen "capacidad operativa" suficiente. "Casi no llegan a sus funciones de seguridad ciudadana, se ha disparado la criminalidad en Cataluña. Imaginaros para pillar más competencias", relata uno de los agentes.

Así, la experiencia en circunstancias anteriores lleva a los policías a suponer que se meterán cuatro mossos en cada dependencia policial para aprender y que la Policía Nacional les alecciones con un plan formativo. "No podrán hacerlo en un plazo inferior a cinco años", remarcan estas fuentes.

También tienen la duda incipiente de qué pasará con las expulsiones de inmigrantes ya que para ejecutar esta acción se tienen que llegar a acuerdos bilaterales entre países. Una capacidad que no tiene el Gobierno de Cataluña al ser una autonomía. "Es un brindis al sol", considera uno de ellos.

Sin embargo, ninguno de los funcionarios tiene duda de que el objetivo de Puigdemont es ir cogiendo "competencias y estructura de Estado" para Cataluña para preparar su regreso al Ejecutivo. "Habrá fricciones operativas, duplicidad de los recursos y se producirá un desmantelamiento de la Policía", lamentan estas fuentes.

Una de las esperanzas que tienen estos policías es que salgan adelante los recursos que se interpongan antes el Tribunal Constitucional. Y es que tienen claro que esta norma vulnera la Carta Magna en la cuestión relativa a la seguridad de las fronteras. "Lo más importante va a ser la repercusión que puede tener en temas de terrorismo, trata de seres humanos o redes de inmigración", detallan fuentes especialistas en estos asuntos.

Cascada de reacciones

El anuncio del acuerdo provocó una cascada de reacciones entre los sindicatos policiales. Desde el sindicato Jupol expresaron su "absoluto rechazo y profunda indignación". Un "ataque frontal al Estado de Derecho" y una vulneración flagrante de la Constitución. En la misma línea, Jucil denunció "el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en esta parte del territorio nacional".

Por su parte, la Plataforma de Policías Nacionales y Guardias Civiles se reunió para abordar "medidas urgentes orientadas a garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa en materia de seguridad nacional y la protección de las fronteras". Han convocado una protesta para el próximo 12 de febrero en el Congreso de los Diputados.

Esta entidad reúne a diferentes corrientes como SPP, SUP y UFP de Policía Nacional y AEGC, AIGC, Asociación Profesional de Cabos, APROGC, ASES-GC, AUGC, IGC, Unión GC y Unión de Oficiales de la Guardia Civil.