El CGPJ prolonga el bloqueo: el sector conservador se queda a un voto de renovar el TC

La renovación del Tribunal Constitucional (TC) sigue en el aire. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha sido hoy capaz de llegar a un acuerdo en la designación pendiente de los dos magistrados del TC que le corresponde nombrar, y que junto a los dos que ya ha nombrado el Gobierno de Pedro Sánchez garantizan un Constitucional de mayoría progresista. Los vocales se han reunido en una sesión extraordinaria con tres nombres sobre la mesa: los dos propuestos por el sector conservador -los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Lucas, encargado del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso- y el elegido por los consejeros progresistas, el también juez del alto tribunal José Manuel Bandrés.

Según confirman fuentes del CGPJ, Lucas y Tolosa han obtenido diez votos cada uno, los de los vocales conservadores, a solo uno de los once que permitían su elección, mientras que Bandrés ha sumado siete apoyos, los de los consejeros progresistas (el vocal Enrique Lucas no ha participado en la votación y se ha abstenido al estar incluido su hermano en la terna).

Varios vocales conservadores reclamaron a la vocal Clara Martínez de Careaga que se apartase de la votación, aludiendo que tiene un supuesto interés directo en su resultado, ya que de la renovación del TC depende que su marido, el magistrado del TC, y ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido pueda ser elegido presidente del Tribunal Constitucional.

“No puede elegir a los electores de su marido”

Cuatro consejeros conservadores han respaldado el voto particular que formula el vocal José María Macías, que sostiene que “el Pleno se constituyó indebidamente” por haber participado Martínez de Careaga. Para estos consejeros, dado que Conde-Pumpido “es un candidato posible para ser nombrado, entre otros, presidente del Tribunal Constitucional”, su esposa “no puede participar en el nombramiento de la persona que puede decidir que su marido sea nombrado, o no, presidente del Tribunal Constitucional y quinta autoridad del Estado”. “No puede elegir a los electores de su marido”, recalcan, por lo que defienden que en su caso es “evidente e indiscutible” que concurre una de las causas de abstención previstas en el artículo 23.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en el artículo 580 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial.

“De haber cumplido la vocal Clara Martínez de Careaga el deber legal de abstención que le afectaba, los candidatos César Tolosa y Pablo Lucas habrían sido efectivamente designados magistrados del Tribunal Constitucional”, recalcan.

Con la reforma que rebaja las mayorías para renovar el TC en marcha, los vocales conservadores lanzaron un órdago para intentar resolver los nombramientos -pendientes desde el pasado junio- antes de que esos cambios legales entrasen en vigor, lo que de no mediar la intervención del TC se hubiera producido tras la aprobación por el Senado que estaba prevista para mañana.

Y es que la reforma hubiera supuesto, en primer lugar, que los dos candidatos del Gobierno hubiesen tomado posesión inmediatamente, al permitir que esa renovación parcial se produzca (la Constitución estipula que debe llevarse a cabo por tercios, es decir, en tandas de cuatro magistrados cada tres años) aunque el CGPJ no haya sacado adelante sus nombramientos. Además, en segundo término permite que el Consejo designe por mayoría simple y en una única votación a sus dos candidatos para el TC, sin necesidad de hacerlo por mayoría de 3/5, como se exige en la actualidad.

Un Pleno a instancias del bloque conservador

La petición de nueve vocales conservadores forzó al presidente del CGPJ, el progresista Rafael Mozo, a convocar este Pleno extraordinario, que no obstante se ha celebrado ya sin la alargada sombra de la inminente entrada en vigor de la modificación legislativa. A la espera del cambio en el procedimiento de renovación de TC, los candidatos necesitan aglutinar once de los 18 votos del Pleno en su actual composición. Pero los conservadores suman diez como máximo, por lo que necesitaban arañar un apoyo más del sector progresista, que esperaban conseguir proponiendo a uno de los nueve magistrados que estaban entre la lista inicial de nueve (y posteriormente de tres) que barajaron los vocales de la minoría.

Pero la presencia de Bandrés entre los candidatos supone una línea roja para el bloque conservador, que le considera una elección de Moncloa (el PSOE ya sopesó su candidatura en octubre de 2021, cuando finalmente se decantó por Inmaculada Montalbán). La posibilidad de sacar adelante las designaciones solo pasaban para el bloque conservador -descartada la división del voto entre sus compañeros progresistas- por rebajar esa mayoría de tres quintos. Pero incluso absteniéndose el vocal Enrique Lucas, hermano de uno de los magistrados propuestos, eran necesarios once votos. La única manera de rebajar ese listón para el bloque mayoritario era forzar la abstención de la vocal Clara Martínez de Careaga, que finalmente no se ha producido.

Reforma suspendida

Menos de 24 horas después de que el Constitucional suspendiera cautelarmente, por un solo voto, la tramitación reforma del Gobierno para garantizar una renovación exprés de la institución, las miradas se volvían de nuevo hacia el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces tenía hoy la oportunidad de apaciguar los ánimos con la designación de los dos magistrados del TC cuya designación desatacaría la esperada renovación del TC.

Con la modificación legal paralizada, esos nombramientos son suficientes para que el Pleno del Constitucional se reúna para dar su visto bueno a los cuatro candidatos que deben relevar a un tercio de los miembros del Pleno, despejando los obstáculos para su toma de posesión. Y es que el Gobierno ya ha elegido al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la que fuera alto cargo de Moncloa Laura Díez para sustituir a los dos magistrados que designó en su día el Ejecutivo de Mariano Rajoy: el actual presidente de la institución, Pedro González-Trevijano, y el también magistrado conservador Antonio Narváez.