Un TC fracturado frena la reforma de Sánchez para la renovación exprés del tribunal

La tramitación de la reforma que rebaja las mayorías para renovar el Tribunal Constitucional (TC) tendrá que esperar. Según confirman fuentes de la institución, el tribunal de garantías ha acordado, por un solo voto y después de más de nueve horas de enconado debate interno, paralizar de forma cautelarísima el procedimiento parlamentario, que estaba solo a falta de la aprobación en el Senado, lo que perpetúa el bloqueo en la renovación del TC, pendiente desde el pasado junio, a la espera del acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una decisión sin precedentes -que deja en suspenso una iniciativa parlamentaria de las Cortes antes de que sea aprobada- el Pleno del TC ha avalado la ponencia del magistrado conservador Enrique Arnaldo tras admitir a trámite el amparo solicitado por los populares, sortear las recusaciones de dos jueces conservadores y después de un tenso tira y afloja entre los magistrados que se ha prolongado durante nueve horas y en el que ha resultado determinante el voto del presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano.

El TC entiende que, de no acordar la suspensión, se produciría un perjuicio irreparable o de difícil restitución -con la aprobación de la reforma- que convertiría en papel mojado la resolución sobre el fondo del asunto: la invocada vulneración del derecho de participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.

Además del presidente y del ponente Enrique Arnaldo, otros cuatro magistrados conservadores se han posicionado a favor de acordar la suspensión cautelarísima de la tramitación de la reforma: Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel. Por contra, los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido, el vicepresidente Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán se han opuesto después de defender que, antes de la votación de la medida, el Pleno decidiese sobre las recusaciones planteadas. Y es que con Trevijano y Narváez fuera de la votación, el bloque progresista tendría la mayoría con cinco votos frente a los cuatro de los conservadores, lo que despejaba el camino para rechazar la suspensión urgente.

Así lo ha decidido el Tribunal Constitucional (TC) en el Pleno celebrado hoy después de que el pasado jueves la sesión tuviese que aplazarse al dejar claro los cinco magistrados progresistas que no estaban dispuestos a votar sin disponer de más tiempo para estudiar la cuestión, tras los escritos de última hora de PSOE y Podemos oponiéndose a la suspensión cautelar de la tramitación de la reforma y la solicitud de amparo de Vox, que se unió a la que ya había cumplimentado el PP.

Aluvión de escritos

Hasta el tribunal han llegado en los últimos días casi una veintena de escritos en relación a este asunto. Hoy mismo, el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, ha pedido al TC personarse en el procedimiento al considerar “evidente” su interés legítimo y, al igual que ya hizo Podemos, reclama además que se abstengan de participar en el mismo el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Nárvaez, que en cuanto se apruebe la modificación legal saldrán del TC al estar ya nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez sus sustitutos (el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez). Una petición que en el mismo sentido también ha trasladado al TC el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado a través de su portavoz adjunta, María Fernández Álvarez.

A su vez, el PSOE ha trasladado ya al Tribunal Constitucional sus alegaciones en contra de la suspensión cautelar mientras que Podemos ha instado a los magistrados a que eleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que aclare si Trevijano y Narváez deben abstenerse.

El PP cuestiona los acuerdos de la Mesa

En su recurso, el PP cuestiona el acuerdo adoptado el pasado día 12 por la Mesa de la Comisión de Justicia, al admitir dos enmiendas planteadas por PSOE y Unidas Podemos para rebajar –en el marco de la proposición de ley que deroga el delito de sedición– la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC (de tres quintos a mayoría simple).

Una vez esa reforma entre en vigor tras el visto bueno del Senado y su publicación en el BOE, los vocales del Consejo podrán proponer cada uno a un candidato y solo podrán votar a uno de los aspirantes propuestos, resultando elegidos los dos con mayor número de apoyos. Además, se enfrentarán a posibles responsabilidades penales si bloquean el acuerdo. La modificación legal también afecta al papel del propio TC en su renovación, pues el plácet del Pleno a los candidatos dejará de ser preceptivo como hasta ahora. Además, el Gobierno podrá sentar en el Pleno a sus dos elegidos aunque el CGPJ demore su elección (y a la inversa).

Los populares se quejan en su recurso de amparo de la decisión adoptada el pasado día 13 por Felipe Sicilia, que se negó a que la Mesa valorase una posible reconsideración del acuerdo de admisión de enmiendas, como reclamaron los populares.

Vox ve un “fraude de ley”

Posteriormente, hasta el Constitucional llegó otro recurso de amparo, en el que Vox también solicitaba la paralización cautelar de la tramitación de la polémica reforma legislativa, cuyo procedimiento de aprobación considera un “fraude de ley” llevado a cabo “con la exclusiva finalidad de eludir el procedimiento de aprobación de un proyecto de ley más riguroso y garantista”.

La formación de Santiago Abascal exponía en su recurso que la reforma avala la elección para el TC de dos magistrados propuestos por el Gobierno “sin necesidad de verificación de idoneidad por el TC” y “sin que se verifique su independencia”.

Tanto PP como Vox remitieron sendos escritos al TC el pasado viernes en los que especificaban que la petición de suspensión cautelar de la tramitación de la reforma en el Congreso se extendía también a su tramitación en el Senado, para evitar que sus recursos de amparo perdieran su objeto dado que la tramitación parlamentaria en la Cámara Baja ya se ha producido.

PSOE: legalidad de los acuerdos parlamentarios

PSOE y Podemos reaccionaron a la petición del PP remitiendo sendos escritos al Constitucional en la noche del pasado miércoles (horas antes de la hora fijada para la celebración del Pleno que finalmente frenaron los cinco magistrados progresistas) oponiéndose a esa suspensión cautelar y reclamando ser parte en el procedimiento y que se escuchasen sus argumentos.

El PSOE pidió a los magistrados que “no se adopte medida cautelar alguna” contra una tramitación parlamentaria “que no ha concluido”. “La admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos”, advierten. Y pone en valor la jurisprudencia del propio tribunal que apunta que en supuestos similares debe prevalecer “la presunción de legalidad de los acuerdos de la Mesa del Parlamento”.

Las recusaciones de Podemos

Por su parte, Podemos reclamó que se tumbara la petición de suspensión cautelar “dado que el procedimiento legislativo no ha concluido” y la no tramitación no puede causar ningún perjuicio de difícil reparación, por lo que acordarla supondría -en su opinión- vulnerar el derecho de participación política de los ciudadanos a través de sus representantes políticos.

Pero la formación morada solicitó asimismo que dos de los magistrados del TC que están pendientes de ser relevados (el Gobierno ya ha elegido a sus dos candidatos y está solo pendiente del plácet del TC, que prefirió esperar a que el órgano de gobierno nombrase a sus dos magistrados) no participen en la decisión puesto que su mandato “se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada”.

La formación morada hacía referencia a González-Trevijano y Narváez (elegidos ambos por el Gobierno de Mariano Rajoy), pero no a los otros dos magistrados cuyo mandato también expiró en junio (elegidos estos por el CGPJ): el progresista Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente de la institución, y el conservador Santiago Martínez Vares.