«No querían votar»: cinco jueces progresistas evitan que el TC aborde la suspensión de la reforma exprés

El Tribunal Constitucional (TC) ha aplazado hasta el lunes el debate sobre la admisión a trámite del recurso de amparo del PP contra la tramitación parlamentaria de la reforma exprés del Gobierno para modificar el procedimiento de renovación de la institución, y su posible suspensión cautelar solicitada por los populares. La moratoria del Constitucional despeja el camino para la aprobación hoy mismo en el Congreso de la modificación legal que rebaja las mayorías para llevar a cabo el relevo en el TC.

Así lo ha decidido presidente del TC, Pedro González-Trevijano, a instancias de los cinco magistrados progresistas de la institución, que le han pedido que aplace la sesión para disponer del “tiempo indispensable que nos permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión”.

Además, estos magistrados -el ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido. María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán- consideran necesario analizar también los escritos presentados por PSOE y Podemos esta misma mañana. Todo ello, argumentaron, les “imposibilita” para “poder participar en la deliberación y votación”. Con esas premisas, el presidente del TC estaba obligado a suspender el Pleno pues de haber continuado sin la presencia de estos cinco magistrados lo habría hecho solo con seis, sin el quórum mínimo (ocho magistrados, dos tercios de la composición del Pleno) para que los acuerdos adoptados sean válidos.

Fuentes del TC consultadas por LA RAZÓN apuntan que “es evidente que no querían votar”. “El Pleno estaba convocado para admitir un recurso de amparo y resolver sobre una cautelarísima, y eso es lo que debería haberse resuelto”, subrayan.

Según esas mismas fuentes, los escritos presentados esta mañana no justifican el aplazamiento. “No había necesidad de leerlos. Procesalmente no tiene un pase. ¿Por qué se van a personar si no está admitido todavía el recurso?”, se preguntan en relación a las solicitudes de PSOE y Podemos. De ahí que incidan en que las recusaciones no deben abordarse ahora porque ni una ni otra formación “son parte en el procedimiento”.

Ahora, el Pleno del TC se celebrará a solo tres días de que el Senado dé el visto bueno a la reforma, que según una enmienda de última hora de socialistas y Podemos entrará en el mismo momento de su publicación en el BOE (previsiblemente el mismo jueves o, a más tardar, al día siguiente, víspera de Nochebuena).

Tres horas de retraso

Los once magistrados que en la actualidad componen el Pleno del TC se han reunido con tres horas de retraso para disponer de más tiempo para estudiar los escritos remitidos tanto PSOE como por Unidas Podemos, promotores de esos cambios legales, para intentar frenar la iniciativa de los populares. Ambos reclaman que la petición del PP se tramite como un procedimiento de medidas cautelares, lo que implica que se tengan en cuenta sus alegaciones y dilata más la resolución.

La formación morada, por su parte, quiere además que se aparte de la decisión a los dos magistrados que deberán dejar el tribunal cuando los dos candidatos del Gobierno de Pedro Sánchez -el exministro Juan Carlos Campo y la que fuera alto cargo de Moncloa Laura Díez- desembarquen en el TC, al considerar que están directamente concernidos por el resultado del recurso de amparo. Por eso piden al presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez (ambos elegidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy) que se aparten.

Por si fuera poco, hasta el Constitucional ha llegado ya también otro recurso de amparo, este de Vox, que también solicita la paralización cautelar de la tramitación de la polémica reforma legislativa “para evitar que el amparo solicitado pierda su finalidad”.

Vox ve un “fraude de ley”

La formación de Santiago Abascal imputa a socialistas y morados un “fraude de ley” en el procedimiento de aprobación de una proposición de ley “con la exclusiva finalidad de eludir el procedimiento de aprobación de un proyecto de ley más riguroso y garantista”.

Según expone en su recurso, la reforma avala la elección para el TC de dos magistrados propuestos por el Gobierno “sin necesidad de verificación de idoneidad por el TC” y “sin que se verifique su independencia, discutidísima por otra parte”. Asimismo, Vox se queja de que el proceso de designación de sus dos magistrados “impuesto al CGPJ” vulnera la separación de poderes, al igual que la amenaza de procesos penales contra los vocales que obstruyan ese mandato.

PSOE: presunción de legalidad de los acuerdos

El PSOE pide que “no se adopte medida cautelar alguna” contra una tramitación parlamentaria “que no ha concluido” y defiende que el TC se pronuncie sobre la reforma legal al resolver el recurso de inconstitucionalidad que ha anunciado el PP contra la nueva normativa.

“La admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos”, advierten desde las filas socialistas. Y pone en valor la jurisprudencia del propio tribunal que apunta que en supuestos similares debe prevalecer “la presunción de legalidad de los acuerdos de la Mesa del Parlamento”.

Podemos quiere apartar a dos magistrados

Al igual que el PSOE, Podemos ha reclamado al TC por escrito que escuche sus argumentos antes de decidir sobre la suspensión cautelar que rechaza porque, “dado que el procedimiento legislativo no ha concluido”, argumenta que no la tramitación no puede causar ningún perjuicio de difícil reparación. Adoptar la medida, sostiene, supondría vulnerar el derecho de participación política de los ciudadanos a través de sus representantes políticos. En definitiva, Podemos entiende que la suspensión cautelarísima vulneraría la autonomía parlamentaria.

Pero la formación morada va un paso más allá y solicita la abstención o recusación de los magistrados del TC que están pendientes de ser relevados (el Gobierno ya ha elegido a sus dos candidatos y está solo pendiente del plácet del TC, que prefirió esperar a que el órgano de gobierno nombrase a sus dos magistrados). Su mandato, recuerda, “se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada”.

Podemos, sin embargo, no extiende su petición de abstención a los otros dos magistrados cuyo mandato también expiró en junio (elegidos estos por el CGPJ): el progresista Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente de la institución, y el conservador Santiago Martínez Vares.

El primer recurso, el del PP

El recurso del PP cuestiona, por un lado, el acuerdo adoptado el pasado lunes por la Mesa de la Comisión de Justicia, que admitió –entre otras– dos enmiendas planteadas por PSOE y Unidas Podemos para rebajar –en el marco de la proposición de ley que deroga el delito de sedición– la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC (de tres quintos a mayoría simple). Y que incluso contempla la exigencia de responsabilidades penales para los vocales que incumplan esa obligación constitucional.

Una vez esa reforma entre en vigor, los vocales podrán proponer cada uno a un candidato y solo podrán votar a uno de los aspirantes propuestos, resultando elegidos los dos con mayor número de apoyos. Además, se enfrentarán a posibles responsabilidades penales si bloquean el acuerdo. La modificación legal también afecta al papel del propio TC en su renovación, pues el plácet del Pleno a los candidatos dejará de ser preceptivo como hasta ahora. Además, el Gobierno podrá sentar en el Pleno a sus dos elegidos aunque el CGPJ demore su elección (y a la inversa).

El PP también señala en su recurso de amparo la decisión que adoptó el presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Felipe Sicilia, que se negó a que la Mesa valorase una posible reconsideración del acuerdo de admisión de enmiendas, como reclamaron los populares. Fuentes del TC apuntan incluso la posibilidad de una decisión salomónica que suspendiera cautelarmente esta negativa de reconsiderar la tramitación dejando la puerta abierta a una posible subsanación si se convoca a la Mesa.