La ley para la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura contará para 2023 con “el mayor presupuesto de la historia”, casi 14 millones de euros, de los cuales 6.350.000 se destinarán a actuaciones en torno a la exhumación de fosas, según anunció ayer el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Durante su intervención en la Comisión de Presupuestos en el Congreso, Martínez precisó que la partida total asciende a 13.952.000 euros, un 18 % más que el año pasado. Aseguró Martínez que se trata de “un incremento expresivo del compromiso del Gobierno” con las víctimas “de todas las partes” para su reconocimiento, reparación y justicia.

La nueva ley, destacó, permitirá “asentar la convivencia” sobre “una base más firme evitando repetir errores pasados” porque, ha exclamado, “el olvido no es opción para una democracia”, al tiempo que ha reiterado que la memoria democrática española “no es una cosa autárquica” sino que “tiene mucho que ver” con la europea, informa Efe.

Martínez sostuvo que con el presupuesto para la puesta en marcha de la ley, que entrará en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se dará “un nuevo impulso a “nuevos escenarios” de la memoria democrática bajo los principios de verdad, justicia, reparación, resignificación y garantías de no repetición.

Según sus indicaciones, el anterior planteamiento para la exhumación de fosas partía de “un plan de choque” para el que destinó 1,5 millones de euros, por lo que ahora se incrementa la cuantía hasta superar los 6 millones de euros, de los cuales 3 millones se destinarán a transferencias a las comunidades autónomas para dichas labores.

En cuanto a las entidades locales, de mano de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), recibirán 1 millón de euros para las labores en fosas pequeñas y medianas y 650.000 para las grandes, que son en las que se estima a través de estudios previos que hay más de mil cadáveres, aclaró.

Sobre la fosa común de Pico Reja, ubicada en Sevilla, el secretario de Estado señaló que hasta la fecha se han extraído “más de 1.400 cadáveres” que han sido “objeto de violencia política”.

Martínez destacó que con la nueva ley la administración podrá contratar directamente con otras para las labores y estudios en fosas que tienen “un carácter estratégico” y para ello cifró un presupuesto de un millón para el próximo año.

La actualización de un mapa de fosas o crear “un censo de víctimas oficiales” fueron algunos puntos de la ley en los que incidió Martínez y, sobre ello, puntualizó que se han dotado 300.000 euros para una base de datos oficial, ya que España no puede seguir trabajando con cifras estimativas, mientras la mayoría de los países europeos cuenta con cifras certificadas.

También es necesario, prosiguió Martínez, un banco de ADN con datos sobre la información genética de víctimas y familiares que se creará, como permite la Ley de Memoria Democrática, con un nuevo software que no se ha podido adquirir hasta su aprobación.

El secretario de Estado agregó que hay, además, 500.000 euros para seguir exhumando “lo que los familiares demanden” en el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros, y para el que se pondrá en marcha un “concurso de ideas a escala internacional” para “un centro de interpretación” que se va a instalar en el recinto del monumento, de donde la familia Primo de Rivera quiere exhumar los restos de José Antonio antes de que el complejo se convierta en cementerio civil.

PP y Vox fueron los grupos que principalmente volvieron a criticar la nueva ley, mientras que Ciudadanos vio el presupuesto insuficiente para dar cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU.

Para el PP, la ley “es un ataque a la verdad” y se pone en marcha para “ocultar los aspectos negativos” de la gestión del Gobierno, mientras que para Vox se pretende acabar con toda simbología histórica y decir “la izquierda es igual a democracia y la derecha a fascismo”.