La Fiscalía denuncia al exjuez Presencia por imputaciones falsas a magistrados del Supremo

En cuestión de días la Fiscalía ha recibido una avalancha de escritos de magistrados del Tribunal Supremo denunciando las prácticas del exjuez Fernando Presencia quien, valiéndose de una asociación, engrosaba titulares con imputaciones falsas a miembros de la judicatura acusándolos de blanquear dinero o tener cuentas en paraísos fiscales. Hasta hoy esta actitud ha sido impune, pero el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha interpuesto una denuncia contra este magistrado inhabilitado desde 2017 por un posible delito de injurias y calumnias y otro contra las Altas Instituciones del Estado.

En el escrito firmado este mismo viernes por el fiscal Jesús Alonso se pide que, como medida cautelar, se cierre el canal de Youtube en el que Presencia difundía estas acusaciones, así como que se le tome declaración tanto a él como a todos los afectados.

El primero en acudir a la Fiscalía General del Estado fue el pasado 6 de junio el magistrado Julián Sánchez Melgar. Allí solicitó amparo porque la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) estaba difundiendo informaciones donde hablaba de paraísos fiscales y cobro de importantes cantidades de dinero obtenidos mediante sobornos. Posteriormente fue el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien remitió al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, un escrito mostrando su “compartida preocupación” por las mentiras vertidas sobre los jueces que, precisamente, trabajan en la Sala encargada de controlar la corrupción en las altas esferas del Estado.

Pero la cosa no quedó aquí, sino que este martes los magistrados Carmen Lamela y Vicente Almagro presentaron ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía una nueva denuncia por los mismos hechos. Pablo Llarena, Ángel Luis Hurtado, Susana Polo y Andrés Martínez Arrieta también comparecieron estos días ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para denunciar esto y otros contenidos difundidos en el programa Estado de Alarma. Toda una cascada de quejas que muestra el hartazgo dentro del alto tribunal ante acusaciones sin ninguna base y que calan en una parte de la ciudadanía sin que ellos puedan defenderse.

Todos estos escritos unidos a la denuncia de otro ciudadano, Marcos Martínez, que informa de otra acusación a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales han quedado canalizados a través de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Informe de la Guardia Civil

En esta semana en la que se ha realizado el trabajo previo para ver qué trámite se le daba a este asunto, la Guardia Civil ha redactado un informe en el que detallan el contenido de algunas de estas noticias falsas y los links o periódicos que les daban cobertura. Por ejemplo, a Sánchez Melgar se le atribuyó a principios de junio dinero en un paraíso fiscal y se colgó en internet una denuncia presentada supuestamente en la Agencia Tributaria. Esto se difundió a través de la web El Diestro cuyo administrador, según la policía, es Ángel Campos Rufián.

Mismo tipo de acusaciones sobre Lamela, Almagro o Llarena. “En cada uno de los supuestos a la publicación se acompaña un link que permite acceder a lo que se dice son -sin acreditación alguna- documentos justificativos de los correspondientes extractos bancarios de las indicadas cuentas”, expone el informe. En la web de ACODAP se leen denuncias contra Lesmes o el magistrado Pablo Lucas, asignado a las labores del CNI, también por evasión de impuestos. Los agentes han analizado vídeos subidos a Youtube en el que Presencia habla de toda una trama delictiva constituida en el seno del Tribunal Supremo.

Uno de los hechos más graves, y así lo expuso Marchena en su escrito, es la financiación de esta asociación que publicita a través de sus redes sociales cuentas de paypal o Bizum para que los ciudadanos puedan hacer donaciones. La Guardia Civil dice que no consta por el momento la cantidad percibida. Ahora todo esto pasará a ser investigado por el juzgado en el que recaigan las diligencias en la Audiencia Nacional.