La Fiscalía no cerrará la investigación sobre Juan Carlos I hasta que llegue la información de Suiza

La Fiscalía del Tribunal Supremo está ultimando el escrito de archivo de la investigación abierta al rey Juan Carlos I, pero no va a cerrar el caso hasta que no reciba toda la información que ha requerido a Suiza, según diversas fuentes conocedoras de estas diligencias. Los fiscales a cargo solicitaron una comisión rogatoria al país helvético para conocer algunos datos que afectan al menos al año 2015 -cuando el rey ya había abdicado- y quieren tenerlos antes de proceder al archivo. Por ello, no descartan alargar el plazo de investigación que expira el próximo 17 de diciembre y, cuya ampliación, de solicitarse, deberá firmar la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

El equipo de fiscales del Supremo dirigidos por el teniente fiscal, Juan Ignacio Campos, lleva meses esperando por esta información que los investigadores suizos deben remitir a España. En principio, no sería necesario que estos detalles lleguen para proceder al sobreseimiento porque no se espera que éstos produzcan ningún cambio sustancial y se podrían adherir más tarde al expediente. Sin embargo, fuentes fiscales indican que prefieren esperar para dar así todas las garantías a un asunto tan trascendente como este.

La prórroga solicitaría por un plazo de seis meses como marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aunque la idea es archivar las pesquisas desde que se reciba la información y no agotar el tiempo hasta el final. Esta sería la tercera vez ya que desde que el asunto se trasladó a la Fiscalía del Supremo, Dolores Delgado ha firmado dos decretos de prórroga.

El texto sobre el archivo está planteado para que lleve la rúbrica tanto de Juan Ignacio Campos como del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que también ha llevado la batuta en este asunto. El Ministerio Público pondrá negro sobre blanco los pasos que ha ido dando este año y medio sobre las indagaciones hasta llegar a la conclusión de no interponer querella contra el monarca.

Los argumentos en este sentido se basan en que tres muros jurídicos contra los que la Fiscalía ha chocado en los límites de la investigación. El primero de todos: los presuntos delitos atribuidos al rey sucedieron cuando era inviolable como marca la Constitución, es decir, antes de junio de 2014 porque ocupaba la Jefatura del Estado. El segundo: otros hechos ya habrían prescrito. Y por último: aquellos que sí podrían tener consecuencias penal porque se enmarcan en unos años determinados no tienen la consistencia probatoria suficiente para imputárselos al rey. Y todo esto teniendo encima de la mesa las dos regularizaciones fiscales de cerca de 5 millones de euros que el rey ha presentado.

Cabe recordar que de lo que ha trascendido de las investigaciones hasta el momento existen tres vertientes diferentes. Por un lado, el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas. Unas pesquisas que se incoaron en la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2018, si bien luego la Fiscal General del Estado tomó la decisión de pasarlas al Supremo y designó a un equipo de fiscales que han estado trabajando en este asunto «con carácter prioritario», según fuentes del Ministerio Público. Por otro lado, se analiza el presunto uso irregular por parte del padre de Felipe VI y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no están como titulares. En esta línea se analiza si Juan Carlos I utilizaba a un militar de su confianza como una suerte de testaferro para recibir fondos que le enviaba el empresario mexicano Allen Sanginés Krause. Y, por último, la existencia de una cuenta en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

El objetivo: la transparencia

Uno de los objetivos principales del decreto de archivo, según las distintas fuentes conocedoras del mismo, es que sea minucioso y detallado. Hasta el momento la información que ha trascendido de la Fiscalía General del Estado sobre este asunto ha sido escasa dado que las diligencias permanecen secretas. Por eso, la idea es explicar pormenorizadamente todos los trabajos que ha realizado el Ministerio Público para llegar a esta conclusión y hacerlo en un ejercicio de especial transparencia para que los ciudadanos entiendan cómo se ha llegado hasta aquí.

Una vez se informe al abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, la Fiscalía anunciará el archivo de forma inmediata. Por ello, también se está llevando a cabo la labor de anonimizar ciertas partes del escrito de archivo para que no se vean salpicados nombres de terceras personas a los que puedan haberles afectado de una forma tangencial estas diligencias. El archivo no implica un sobreseimiento judicial definitivo. En caso de que surgieran indicios nuevos que implicasen otras «notitias criminis» diferentes a las investigadas la maquinaria procesal podría volver a funcionar.