Sánchez «electoraliza» las vacunas

Moncloa sacó ayer las materias mediáticas a la calle y puso en escena a un presidente Sánchez transformado (por fin) en el «gran zar antiCovid» que el país necesita. Alertado a todas luces por datos frescos –y discretos– de la factoría Tezanos, el presidente pretendió atajar el hartazgo latente en la sociedad ante el irritante recorte de sus libertades y su prosperidad con una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, algo que no hace prácticamente nunca... salvo para hacer referencia a las «incívicas» actitudes del anterior Jefe de Estado. Según fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN el presidente podría haber incurrido en incumplimiento de nuestra legislación electoral al utilizar la parafernalia de Moncloa para lanzar un mensaje claramente electoralista que, además, puede ser entendido como un ataque directo a la gestión de la pandemia realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sea como fuere, con la cuarta ola acechando y a la espera de la evolución de los datos de la pandemia tras el puente de San José y la Semana Santa, el presidente, Pedro Sánchez, compareció para anunciar un plan de vacunación que poco tiene de nuevo y para comprometerse (de nuevo) a acelerar las inmunizaciones. Así, aseguró que durante la próxima semana serán «más las personas con pautas completas que estén vacunada que el número de contagiados ya que el ritmo de vacunación se va a acelerar considerablemente». Según el plan del Gobierno, la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas los que estén vacunados; la primera semana de junio, serán 10 millones; en la semana del 14 de junio, se alcanzará los 15 millones de vacunados; en la semana del 19 de julio subirán hasta los 25 millones de vacunados con pauta completa para finalmente alcanzar el objetivo de los 33 millones de personas, es decir el 70% de la población a finales del mes de agosto.

Pero el tono y la intención del presidente en su escenificación se dejó traslucir en el momento en el que aseguró su intención de que el próximo 9 de mayo finalice el Estado de Alarma, el mismo que se comprometió a regular con una legislación paralela de la que se sigue sin saber nada. Sobre este tema apeló a la «cogobernanza con las comunidades» y dijo que «queremos que el 9 de mayo sea el punto y final de ese estado de alarma». Además, indicó que «nos estamos acercando al final de esta pesadilla. Queda menos, mucho menos. Pero aún debemos protegernos. No podemos bajar la guardia, relajarnos... Comprendo la fatiga. Pido a todos responsabilidad. Vacunar, vacunar y vacunar».

La actuación de Sánchez ayer en Moncloa adquiere todo su contexto cuando se llama la atención sobre el hecho de que el objetivo de vacunar al 70% de la población adulta en España no es ninguna novedad. En realidad fue anunciado por el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando aún ocupaba su cargo el 29 de diciembre de 2020. En aquella ocasión el ahora líder del PSC utilizó unas palabras casi calcadas a las que pronunció ayer el presidente Sánchez: «Estamos al principio del fin. El principio es la vacuna y el fin es inmunizar a toda la población. El fin de la pandemia podría llegar a finales del verano, cuando consigamos inmunizar al 70% de la población», dijo en aquella ocasión el catalán. Parece que a pesar del abultado número de altos cargos en Moncloa (con sus abultados sueldos correspondientes) no les impide caer en la conocida técnica del «corta y pega».

No se descarta que alguno de los partidos de la oposición se lancen a denunciar la actuación del presidente utilizando Moncloa como escaparate en plena batalla electoral en Madrid. LA RAZÓN se ha puesto en contacto con varios expertos para dilucidar cuál sería el recorrido de dicha denuncia. En concreto, un prestigioso jurista con experiencia en la Junta Electoral Central aseguró ayer a este diario que este tipo de organismos no actúa nunca de oficio pero que sin duda lo hará cuando se produzca la correspondiente denuncia de PP o de Vox. «Sobre las declaraciones de Sánchez es difícil pronunciarse porque ha evitado, sin duda bien asesorado, hacer alguna mención a la gestión de Isabel Díaz Ayuso y a su gestión de la pandemia», asegura este experto. Y continúa: «En cuanto a la utilización de medios estatales habría que estudiar detalladamente las declaraciones y fijarse en los precedentes, que es lo que hacen los letrados. Las inauguraciones están claramente prohibidas, es eso no hay duda, pero este tipo de ruedas de prensa son reprensibles cuando hay una referencia clara a la campaña. Desde otro punto de vista se puede argumentar que el presidente no puede estar sin decir nada durante una pandemia por unas elecciones que, además, no son de su ámbito. Habrá que ver qué dice el PP o Vox en su denuncia. Sin embargo mi impresión es que a Ayuso le vienen muy bien este tipo de ataques».

Otro ex miembro de la Junta Electoral Central es más escéptico respecto a que la rueda de prensa pueda ser objeto de las reprimendas de este organismo: «Vivimos en una campaña electoral permanente de unos y de otros. Es el proceso de formación de la opinión política. El reloj político no se para por las elecciones. Después de un Consejo, el presidente está en su derecho a intervenir. Lo único que se podría pedir es una equiparación de trato, pero los medios son libres de reproducir o no lo que dicen. La campaña electoral regional no comporta el silencio del presidente. No veo fácil articular una denuncia».