Sánchez emplaza a las comunidades a declarar el estado de alarma

Volvió ayer el Gobierno tras no reunirse durante tres semanas y se dio de bruces con una realidad poco alentadora: el número de contagios por coronavirus en nuevos máximos y con las familias de todo el país en vilo por la inminente vuelta al colegio de sus hijos. Sobre este escenario, el presidente Pedro Sánchez optó por la estrategia de descargar en los gobiernos autonómicos la gestión de la crisis sanitaria. Lo hizo mediante el ofrecimiento a las comunidades de la herramienta de la que Moncloa se valió a mediados de marzo para contener la primera ola del virus: el estado de alarma. Sánchez asumió entonces el mando en todo el país y también la responsabilidad negociadora de ir logrando los apoyos necesarios en el Congreso para las sucesivas prórrogas. Conscientes en el Ejecutivo de coalición de las dificultades que sufrieron en las últimas semanas del confinamiento para alargar el estado de alarma, el anuncio realizado por Sánchez ayer tiene como objetivo fundamental involucrar al Partido Popular en la aprobación de esta medida excepcional si en algún territorio la presión hospitalaria y el ritmo de transmisión del virus convirtiera en necesarias medidas drásticas que implicasen la limitación de derechos, especialmente los vinculados con la libertad de movimientos. Socialistas y populares lideran o participan en los gobiernos de 16 comunidades autonómas –sólo están fuera del de Cataluña–, de manera que si una de estas regiones demandase a Moncloa la activación del estado de alarma, el Gobierno lo apoyaría y cuenta con la convicción de que al PP no le quedarían muchas más opciones que avalarlo.

Y es que en los planes del Gobierno no se encuentra, por tanto, la posibilidad a corto plazo de volver a invocar al estado de alarma para confinar a la población de un modo generalizado en todo el país. Máxime después de todo el desgaste político que ha supuesto para Moncloa asumir durante cien días el mando único de la gestión de la crisis sanitaria. A pesar de la petición de varias comunidades autónomas de una mayor implicación estatal, como Madrid y Galicia, Sánchez evita este extremo y endosa a las comunidades la decisión de que sean ellas mismas quien pidan al Ejecutivo el poder que dota el artículo 5 que regula los estados de alarma para poder declararlo dentro de sus propias comunidades.

Así, de esta manera, aludiendo a la cogobernanza que el Gobierno instauró a finales de junio, será el propio presidente autonómico que requiera el estado de alarma el que deberá comparecer junto al Gobierno ante el Congreso para dar cuenta de la situación y solicitar si fuese necesario una prórroga del mecanismo legal, que deberá ser aprobada por los Diputados. Así, el Gobierno no se verá en la obligación de negociar directamente las prórrogas con la oposición, y dejarán de entenderse como negociaciones a nivel nacional. Aunque, eso sí, Sánchez garantizó que la comunidad que demande está herramienta contará con el aval de, al menos, los 120 diputados del PSOE.

De esta manera Sánchez refuerza su apoyo a las comunidades, pero no se compromete más allá. Sin embargo, sí que reconoce que la situación en España, ante la segunda oleada, «es preocupante» y pide a los ciudadanos que estén «alerta». El presidente reconoció la existencia de la segunda oleada que «vuelve a elevarse de manera amenazante» e insistió en que «no podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida», aunque evitó pronunciarse sobre la posibilidad de volver a un estado de alarma único y apeló a la «unidad institucional» en la que debe alejarse «cualquier lucha partidista» para frenar entre todos la Covid. Mandó, aún así un mensaje de serenidad; «debemos estar vigilantes, pero también serenos» y aseguró que para ello las comunidades cuentan con los «instrumentos legales y materiales» suficientes para hacer frente a la pandemia. De hecho, destacó que España está «detectando con mayor intensidad el círculo de contagios» y que «nuestro sistema de Salud está mucho mejor preparado porque conocemos mejor el virus».

Aún así, el presidente lanzó también una reprimenda a las comunidades que mantienen activos más focos de coronavirus. En sus palabras, la situación de la Covid «no es homogénea» y hay algunas comunidades que han actuado con «más eficacia» que otras. «Hay comunidades que parecen haber logrado mayor eficacia en el control del virus, otras están teniendo problemas para hacer frente a la situación», recalcó en varias ocasiones.

Para frenar la Covid, el Ejecutivo anunció además que pondrá en marchas tres medidas para frenar los casos de contagio: Se pondrán a disposición de las regiones 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para elaborar labores de rastreos, mejorará los medios digitales para descubrir nuevos contagios y reforzará las capacidades de las comunidades para gestionar la pandemia, con la capacidad de petición del estado de alarma individual.

Sobre la operación de vuelta al colegio, que se tratará mañana en una conferencia sectorial, quiso mandar un mensaje de tranquilidad: «las puertas de los colegios deben abrirse» y en ellos habrá «más seguridad que en un parque infantil». Aprovechó su declaración institucional para tratar de hacer un alegato a la unidad. Un guiño de cara a la negociación de los Presupuestos y la renovación del CGPJ, el defensor del Pueblo o RTVE. Aludió a los Presupuestos para reclamar el mayor apoyo posible: «Queremos y necesitamos unos presupuestos de país. Necesitamos unos nuevos presupuestos cuanto antes», dijo.