Rebelión académica y empresarial contra Yolanda Díaz por su «becariazo»

La última decisión unilateral tomada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, en connivencia con los sindicatos CC OO y UGT, para aprobar en solitario el polémico Estatuto del Becario, ha abierto una nueva brecha en el Gobierno y una ruptura casi total con la comunidad universitaria y los empresarios. Por una parte, los ministerios de Educación y de Universidades mantendrán mañana reuniones internas para decidir cuál es camino a seguir, pero fuentes gubernamentales han confirmado a LA RAZÓN que podrían proponer a Trabajo que paralice la aprobación de esta norma por haberse elaborado «al margen de la comunidad educativa» y del tejido empresarial, y porque puede tener «graves consecuencias» sobre la continuidad de las ofertas de prácticas y sobre los planes de estudios, ya que más de un millón de alumnos se quedarían sin finalizar sus grados al no poder culminar su periodo de prácticas. Pero, de momento, prefieren ser cautos y «esperar a conocer el texto definitivo, del que aún quedan flecos por definir, para dar una respuesta adecuada». Aún así, se abre un nuevo cisma dentro del Ejecutivo, cuya protagonista vuelve a ser una ministra de Podemos.

Junto a estos dos ministerios, también han mostrado su rechazo frontal la Conferencia de Rectores (Crue Universidades Españolas), la de Consejos Sociales, el Consejo de Estudiantes y la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue), que han acusado a Díaz de haber presentado la ley por su cuenta, obviando «nuestra experiencia y conocimientos y sin siquiera consultarnos».

La Crue –integrada por 76 universidades españolas públicas y privadas– considera un error el modelo porque hará «disminuir drásticamente» la oferta de prácticas universitarias. Además, defienden que becarías de estudiantes universitarios «son un asunto estrictamente académico, del que no se debe pactar su régimen jurídico por alguien ajeno». Aunque no cuestionan que el Gobierno y los sindicatos establezcan la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son, Crue sí se muestra muy crítica con la «injerencia» en aspectos que «solo competen al Ministerio de Universidades y a las propias entidades universitarias». Sobre todo rechaza el «establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en los que pueda incurrir el estudiante en prácticas», porque la consecuencia directa e inmediata será «la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas». Tal compensación generará «con toda seguridad» una gran complejidad y dificultades añadidas a la gestión ordinaria de las prácticas. Por último, avisaron del «serio peligro» para la continuidad de las ofertas a estudiantes, con el problema añadido de la obligatoriedad de una compensación económica o la inclusión de los estudiantes en la Seguridad Social «sin, al menos, dejar tiempo a las universidades para preparar su aplicación».

En este sentido, la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue) estima que más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional –650.000 de la Universidad y 500.000 de FP– podrían quedarse sin poder finalizar sus estudios si entrara en vigor el Estatuto del Becario al no poder realizar sus prácticas obligatorias. Esta organización –vinculada a 43 universidades españolas y más de 15.000 empresas– advierte de que, de aprobarse esta normativa, 83 universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con sus planes de estudios, por lo que consideran «un error legislar in extremis, sin consenso y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo».

Asimismo, advierte también de que el 65% de las prácticas afectadas por el Estatuto del Becario se realizan en las Administraciones Públicas y no en las empresas. Será, por tanto, «una legislación inaplicable», por lo que se suma a los ministerios y demás organismos educativos y universitarios para pedir una moratoria «por la imposibilidad de ponerla en marcha». Fuentes de la Administración han confirmado a este periódico que, en el caso de que esta normativa se apruebe, comunicarán a las universidades que, si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social, «no podrán acoger más estudiantes en prácticas».

Según recuerdan desde RedFue, en el actual ordenamiento, la regulación de las prácticas externas de los estudiantes de formación profesional y las de los estudiantes universitarios ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones, pero «siempre ha sido diseñado desde el ámbito de la formación, nunca desde el ámbito laboral». Las prácticas que se realizan en empresas, instituciones, en los propios centros formativos o en entidades públicas y privadas, tanto en el ámbito nacional o internacional, «contribuyen a la formación integral del estudiantado» y son una actividad «exclusivamente académica de carácter formativo» que no debe tener presiones externas.

Expertos educativos consultados por LA RAZÓN explican que, «con lo que se sabe hasta ahora del texto con la nueva normativa, tampoco se resuelve el problema de la escasez de oferta de prácticas formativas, ya que el sistema no cuenta con un número suficiente de prácticas externas formativas y de calidad para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la formación profesional.

Nada de esto ha paralizado al Ministerio de Trabajo, que seguirá adelante con sus planes porque con esta nueva norma se aborda «la definición de los límites de las prácticas, sin equívoco para evitar nichos de fraude laboral» y se «limita de forma severa las prácticas extracurriculares y qué tipos de enseñanzas regladas podrán ofertar estas prácticas laborales». Fuentes de la negociación han explicado que todavía se trabaja en un texto definitivo, que «está abierto a las mejoras que se puedan incorporar», pero en ningún caso se plantean dar marcha atrás a su aprobación. «Solo faltan unos flecos para el acuerdo con los sindicatos». Tampoco se plantean prescindir del nuevo régimen sancionador, especialmente rechazado por las universidades y las empresas, porque «garantiza el cumplimiento de la norma» y crea un «marco estable que dará seguridad jurídica, protegerá los derechos de los que realicen prácticas y evitará por fin que las becas puedan encubrir trabajo precario».

La patronal CEOE se desligó desde el principio mucho antes del acuerdo al rechazar «tanto por el fondo como por la forma». Considera que «no se puede aprobar una norma tan importante en un periodo de disolución de las Cámaras porque no concurre ni la urgencia ni la extraordinaria necesidad que son preceptivas en estos casos». En cuanto al fondo, cree que «limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo.