¿Quién va a pagar la fiesta del gasto de Pedro Sánchez?

Con la chequera en blanco, sin mirar el bolsillo. Será por dinero. «Esto lo pago yo», tranquilos, «estáis todos invitados». Así le sonaron a buena parte de los españoles las medidas económicas que el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, desgranó en su discurso en el Congreso ante la mirada incrédula de la bancada de la oposición y la aquiescencia bajo palio de sus acólitos. Nada de freno al gasto ni fin a la barra libre de dinero disponible para la economía social de la que volvió a presumir el presidente en funciones.

En su larga lista de propuestas económicas confirmó la extensión de la reducción del IVA de los alimentos básicos hasta junio de 2024, así como que el transporte público será gratuito para los menores y jóvenes y para los desempleados; se incrementarán los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas desde las 16 actuales ; se aprobará que el salario mínimo interprofesional (SMI) aumente cada año para que se mantenga en el 60% del sueldo medio y se reducirá la jornada laboral semanal de las 40 a las 38,5 horas en 2024 y a 37,5 en 2025. Además, se impulsará la flexibilidad laboral y el teletrabajo; las pensiones se incrementarán cada año con el IPC; se aumentarán el bono de alquiler joven y los avales para cubrir hasta el 20% de la hipoteca de jóvenes; se pondrán en el mercado 183.000 viviendas de alquiler asequible y la mitad de la energía sea renovable en 2030. Todo muy rosa –o muy morado–, muy progresista, muy miel sobre hojuelas.

Sobre todo porque Sánchez ha presentado el qué, pero no ha explicado cómo. Es decir, sabemos cuáles van a ser sus idílicas promesas, pero no conocemos cómo se va a pagar ni con qué fondos se cuenta.

El impacto presupuestario de estas medidas no se conocerá hasta que se aprueben definitivamente. Pero, por ejemplo, la rebaja del IVA costará alrededor de 1.450 millones este año, y revalorizar las pensiones superará los 12.700 millones. Si se suman el resto de medidas, la cifra final podría alcanzar los 20.000 millones, si se le añaden los costes del SMI, los bonos sociales, la vivienda y otros. Y este gasto adicional, tendrá que financiarse con la aplicación de medidas fiscales adicionales, sea por medio de subida de impuestos o por la reducción de otros gastos para cuadrar las cuentas y el déficit en el 3% del PIB que exige Bruselas.

Cualquiera firmaría estas medidas con una posición financiera privilegiada, con la economía viento en popa, sin nubarrones en el horizonte, sin un enfriamiento de la actividad empresarial en ciernes y sin la presión adicional que llega de Bruselas, que exige cortar ya el grifo al dinero fácil y sin control puesto en marcha durante la pandemia, porque ya no hay pandemia.

Pero Sánchez ha vuelto a hacer oídos sordos a cualquier llamamiento a la contención del gasto pese al «toque» de atención que llegó ayer de la Comisión Europea. Bruselas, en sus nuevas previsiones, ha «comprado» sólo parte del cuadro macroeconómico del Plan Presupuestario que la vicepresidenta económica remitió el mes pasado. Sí se cree la expansión del crecimiento del 2,4% para este año, pero considera «demasiado optimista» el 2% que se proyecta en 2024. ¿Y por qué? Porque la UE recela ya sin ambages de la senda de consolidación fiscal trazada por el Gobierno y augura que España incumplirá las reglas que obligan a los Estados miembros a mantener un déficit por debajo del 3% del PIB el próximo ejercicio, máxime cuando el Ejecutivo que salga de la investidura tendrá que prorrogar los Presupuestos de 2023, que ayer quedaron ya marcados por el nuevo plan social del Gobierno de coalición.

El Ejecutivo sostiene ante la UE que el déficit cerrará en el 3,9% del PIB este año para que, en 2024, en un escenario sin medidas adicionales y en el que deberían desaparecer las medidas anticrisis aprobadas en la última legislatura para cumplir con ese 3% impuesto, independientemente de si hay acuerdo para reformar el marco de gobernanza económico en Europa. Pero, ¡oh, sorpresa!, ayer el candidato Sánchez se desdijo de su propio Plan Presupuestario y tiró de promesas para prorrogar y ampliar buena parte de las medidas que deberían desaparecer justo a final de año.

Aún sin que Bruselas conociera todavía la exposición de parabienes sociales presentados ayer en el Congreso, el informe «macro» comunitario ya enmienda la senda del Gobierno y avisa de que, sin un ajuste fiscal de dos décimas del PIB, éste se mantendrá por encima del 3% del PIB hasta 2025 y, por tanto, incumplirá con lo exigido. Este año cerraría en el 4,1%, durante el próximo solo se reduciría hasta el 3,2% y en 2025 repuntaría al 3,4%. Esa previsión sin conocer los anuncios de investidura.

Justo cuando Sánchez exponía sus argumentos en el estrado, los empresarios volvieron a alzar la voz contra los pactos firmados porque «condicionarán gravemente futuras decisiones sobre gasto, inversión, residencia o domicilio fiscal». Desde el Círculo de Empresarios reclaman «seguridad jurídica» e «igualdad ante la ley». Sánchez ofreció más bonos gratis y trabajar menos, que ya lo pagaremos entre todos.