Díaz avanza en su reforma del despido para controlar más a los empresarios

Yolanda Díaz avanza paso a paso en su objetivo de aprobar su nueva "ley del despido", que pretende otorgar más derechos a los trabajadores ante los empresarios, elevar las indemnizaciones, presentar una nueva normativa que incluye despidos a la carta o la eliminación el despido automático por incapacidad permanente. De momento, este último apartado será el que se trate de forma inmediata. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo cree que la norma para eliminar el supuesto de extinción automática de contratos de trabajo en casos de incapacidad permanente sobrevenida está ya en su fase final de aprobación, por lo que este martes reunirá a la Comisión de Trabajo del Congreso para que se presentan las enmiendas a la ley por parte de los grupos parlamentarios.

150 días después de que se impulsara la tramitación con un debate de totalidad del proyecto de ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social que pretende eliminar la automaticidad de estos despidos la ponencia llega a la Comisión de Trabajo, que se reunirá a puerta cerrada para recibir las enmiendas que los diferentes grupos parlamentarios han planteado al proyecto de ley impulsado por Díaz. En principio, en esta reunión se incorporarán al texto las enmiendas que PSOE y Sumar han registrado conjuntamente y que cuentan con mayoría en la mesa de la comisión, y serán rechazadas las demás, salvo sorpresas de última hora de alguno de sus socios.

Estas enmiendas no cambiarán sustancialmente el grueso de la normativa, que mantiene que cuando existan casos de gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta por parte del empleado, el despido quedará condicionado a la voluntad de trabajador o bien a la posibilidad de adaptar su puesto de trabajo o a redirigir al empleado a otro puesto compatible con su nueva situación. La empresa únicamente podría activar esta causa de despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva. Asimismo, se plantea una reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, para desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato de trabajo, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente.

Por tanto, los cambios incorporados apenas tendrán incidencia en la base legislativa y se centrarán en la sustitución en los textos legislativos de expresiones como "gran invalidez" por "gran incapacidad", así como "invalidez no contributiva" por "incapacidad no contributiva", para adaptar la ley a la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución que suprimió el término "disminuido".

Este bloqueo al despido por incapacidad permanente es el primero de los capítulos de la nueva "ley del despido" que Díaz tiene en su punto de mira. Su intención es cambiar la normativa actual y adecuarla a la Carta Social Europea, que pide un despido en función de su situación social o laboral, lo que abriría la puerta a que el coste del despido sea variable en función de la empleabilidad futura de la persona despedida, su formación, la situación del mercado laboral donde viva, su riesgo de pobreza, si tiene personas a cargo... Es decir, un despido a la carta que puede provocar el caos entre las empresas.

Un nuevo pulso pulso a los empresarios, a los que quiere forzar a afrontar un despido más caro, con menos opciones de justificación y con condiciones más favorables para los trabajadores, para que "no sea rentable" para las empresas, sobre todo en los casos injustificados, en los que la indemnización "reparará adecuadamente el daño causado al trabajador", ha defendido Díaz en varias ocasiones. Su equipo ministerial prepara esta nueva normativa, que pasa por reducir al mínimo las razones empresariales para poder despedir legalmente y acabar con la actual normativa que permite un despido por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Trabajo también quiere incorporar la desconexión digital con la empresa para garantizar la reducción de la jornada laboral, entre otras medidas dirigidas a ampliar los derechos de los trabajadores y recortar el margen de maniobra de los empresarios.