El cupo catalán restará grandes recursos al Estado y le impediría afrontar crisis económicas inesperadas

El marco fiscal singular para Cataluña pactado por PSC y ERC «restaría recursos a la Administración central y al resto de las autonomías» y «complicaría el escenario presupuestario para 2025». Funcas alerta del riesgo que puede tener el cupo catalán en la economía española, en las finanzas de las comunidades autónomas y en su sistema tributario, y en la propia respuesta que el Estado puede tener en crisis económicas inesperadas. Según el centro de estudios de las cajas de ahorro, otorgar mayor autonomía fiscal a Cataluña con un modelo similar a los sistemas forales de País Vasco y Navarra «conlleva riesgos serios. Su aplicación podría incentivar a otras regiones a solicitar un régimen similar, impactando el equilibrio fiscal nacional y el modelo de descentralización».

Así lo defiende el economista e investigador sénior de Funcas Santiago Lago, dentro del último número de «Cuadernos de Información Económica», en el que indica que la fragmentación territorial de la gestión tributaria –con el traspaso de todas las competencia de recaudación a una Hacienda catalana propia– «complicaría la labor recaudatoria y el control del fraude», además de que reduciría «la capacidad de respuesta ante crisis asimétricas y provocaría la fragmentación de la política tributaria». En este sentido, Lago señala que existen diferencias con el modelo foral, ya que se contempla que Cataluña siga aportando a la nivelación interterritorial, mientras que «el alcance final de las competencias normativas en el plano tributario que la Generalitat podría asumir no se concreta». Por ello, reclama que ambas indefiniciones tendrían que resolverse mediante un «proceso de negociación posterior, algo que añade incertidumbre».

Asimismo, advierte de que su aplicación «podría incentivar a otras regiones a solicitar un régimen similar, impactando en el equilibrio fiscal nacional y en el modelo de descentralización». Según expone, «la experiencia de articulación de las haciendas forales con la AEAT dista de ser óptima», sobre todo cuando la Agencia Tributaria de Cataluña gestionaría toda la recaudación y únicamente establecería una «contribución limitada a la nivelación interterritorial», siguiendo el «principio de ordinalidad para no alterar su posición fiscal». Además, advierte de que este pacto, «requiere de aprobación legislativa», poniendo en duda que pueda salir adelante por la actual fragilidad del Gobierno. «Exige el respaldo de al menos 176 diputados, un umbral que podría ser difícil de alcanzar dada la diversidad de posiciones políticas en torno a la financiación autonómica» de sus socios y en sus propias filas.

El artículo también cita varios escenarios que cuantifican el impacto del traspaso de las competencias fiscales y la aportación por solidaridad. Ángel de la Fuente, de Fedea, cree que, a medio plazo, el impacto se situaría en el intervalo que va de 6.600 a 13.200 millones de euros, lo que elevaría la financiación homogénea per cápita del gobierno autonómico entre un 25% y un 50%.

Por su parte, los economistas Fernández Leiceaga y Lago Peñas adoptan un enfoque alternativo en sus simulaciones. Si se asignan a la hacienda catalana todos los ingresos soportados en su territorio en 2022 y se supone que esta contribuye a los gastos de la Administración central en proporción a su PIB aumentaría sus ingresos netos en 5.280 millones de euros y su índice de financiación por habitante ajustado aumentaría hasta 120, siendo 100 la media. Si la contribución a los gastos de la Administración central se calculase en proporción a la población, las cifras anteriores aumentarían hasta 9.037 millones de euros y 135, respectivamente. En ambos casos, si se incorporase una contribución a la solidaridad, la cifra se reduciría proporcionalmente. Por ejemplo, si la aportación de Cataluña a la nivelación interterritorial en el nuevo sistema fuese del 50% de su aportación al sistema actual, el trasvase de recursos a la hacienda catalana sería de 2.641 millones con un cupo calculado según PIB; y de 4.519 millones si se estimase a partir de la población de Cataluña.

En el caso de Desiderio Romero, catedrático de Economía Aplicada en la URJC e investigador de Funcas, analiza el impacto potencial de estas propuestas acordadas entre ERC y PSC en la política presupuestaria nacional. Avisa de que, cuestiones legales aparte, «la aprobación de un modelo similar al concierto para una comunidad no foral como Cataluña tendrá efectos negativos sobre la financiación del resto de comunidades no forales y complicaría el escenario presupuestario para 2025».