El Gobierno pretende imponer bajadas en los precios del alquiler por ley

La intervención del mercado del alquiler que proyectan PSOE y Podemos contempla no sólo la contención de la subida de los precios sino incluso la posibilidad de bajarlos. En la declaración conjunta que han hecho pública ambas formaciones tras el acuerdo suscrito en la materia que ha permitido desbloquear el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado hoy, se explica que, en las zonas de precios tensionados, “se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes”. En todo caso, añaden, “se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la Ley de Vivienda”. Esta norma, ahora en fase de información pública, será en la que quede recogida la intervención de los alquileres pactada por ambos partidos.

Para determinar las zonas tensionadas, en las que se podrán intervenir precios de forma temporal y excepcional; se utilizará el Sistema de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y presentado a finales del pasado mes de julio. A partir del mismo, serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que, voluntariamente, puedan establecer su índice de precios “de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”.

Normativas autonómicas

PSOE y Podemos quieren que la normativa sobre alquileres permita convalidar los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema de Referencia de Precios del Alquiler, como ocurre en Cataluña, “agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha”.

Los socios de Gobierno se han comprometido a llevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses la Ley de Vivienda. En cuatro, según sus planes, debería estar en el Congreso de los Diputados. Para su elaboración, apelarán a la “necesaria concertación y cooperación con las comunidades autónomas y ayuntamientos y con el consenso y diálogo con los agentes sociales, sindicatos y los agentes del sector, contando entre ellos con los sindicatos de inquilinas”. Aunque hasta ahora era el Ministerio de Transportes el que estaba dirigiendo los trabajos de la nueva ley, los socialistas han cedido ahora a la presión de sus socios de Gobierno y la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, será coproponente de la normativa.