La vivienda en alquiler se suma a la batalla política en Valencia

Ni siquiera la vivienda se escapa del rifirrafe político. El Ayuntamiento de Valencia estudia cómo puede asumir directamente la construcción de 227 viviendas de alquiler social después de que el único promotor que se había presentado a ejecutarlas haya renunciado. Es la única opción que le queda al Ayuntamiento para poner en marcha esta promoción que ha quedado paralizada tras las «críticas del portavoz socialista en el Consistorio, Borja Sanjuan».

La alcaldesa María José Catalá, se ha limitado a reproducir el comunicado de la propia compañía. «Es muy mala noticia que la oposición no solo no se conforme con hacer solo 17 viviendas protegidas en 8 años, el balance más penoso de la historia, sino que se dedique a boicotear proyectos de vivienda protegida».

Catalá ha explicado que se adjudicó a la única empresa que se presentó al concurso público. El PSPV ha asegurado que se trataba de un «pelotazo», pero la alcaldesa ha insistido en que «no tenía que ser tan rentable, si nadie más se presentó».

En declaraciones que recoge EFE, ha lamentado que los socialistas hayan optado por una manera «burda» de hacer política que solo consigue «ahuyentar la inversión» y les ha pedido que reflexionen sobre si este es el tipo de posición que quieren hacer.

Ahora el Ayuntamiento analiza todos los escenarios posibles. «Queremos seguir adelante con la construcción de esas viviendas, es un compromiso del PP y no seremos nosotros los que con nuestra acción no consigamos generar vivienda pública en Valencia».

La opción más probable es que se ejecute directamente por el Ayuntamiento. Llegado el momento existen, por tanto, dos opciones, a través de la empresa pública Aumsa o del departamento de Urbanismo, «pelearemos por hacer esas viviendas».

La versión de la empresa

La empresa Nuevas Tecnologías de Financiación S.L. comunicó al Ayuntamiento que los inversores habían abandonado el proyecto y, por tanto, se ven obligados a retirarse de la licitación por «el ruido mediático» generado por las denuncias del PSPV que calificaron de «insidias».

Insisten en que habían puesto «toda la diligencia exigible para cumplir con todos los requisitos, lo que ha sido impedido por la maledicencia gratuita».

La compañía recordó también que el proceso fue un concurso público abierto a la concurrencia de empresas y acusó a Sanjuan de haberles difamado públicamente basándose en sospechas que convirtió en «certezas, buscando una repercusión al servicio de sus propósitos políticos personales aun con perjuicio del bien público».

El PSPV, de celebración

Tras conocer la renuncia, Sanjuan ha mostrado su satisfacción por que su denuncia haya frustrado un «pelotazo urbanístico de 155 millones».

Remarcó que la empresa adjudicataria- y la única que se presentó a la oferta- es propiedad de Javier Timoner, marido de una diputada nacional del PP y que, según Sanjuan es «íntima amiga de la alcaldesa María José Catalá».

Ha asegurado que habían logrado parar esta operación pues amenazaron con llevarla al Síndic de Greuges y a la Agencia Antifraude.

El socialista propone que sea la empresa pública AUMSA la que desarrolle directamente el suelo y construya las viviendas públicas.