Aragón contra Cataluña: a juicio dos ex consellers por la apropiación de las obras de arte de Sijena

Barcelona fue ayer escenario del juicio contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Lluís Puig y Santi Vila, por su presunta desobediencia en la devolución de las obras de arte del Monasterio de Sijena. En una vista marcada por la ausencia de Puig, quien reside en Bélgica desde 2017, la defensa insistió en que ambos actuaron conforme a la legalidad catalana y con el objetivo de preservar la unidad de las colecciones museísticas.

El caso se remonta a una sentencia de 2015, que anuló la compraventa de 85 piezas del monasterio aragonés realizadas en los años 80 y 90, ordenando su inmediata restitución. Sin embargo, según la acusación, la Generalitat, bajo la dirección de los entonces consellers, retrasó el cumplimiento de la orden judicial, lo que motivó la imputación de ambos por desobediencia.

El exconseller Santi Vila, quien se presentó en el juzgado, optó por acogerse a su derecho a no declarar, ya que está pendiente de otro juicio por la misma causa que se celebrará en mayo. Por su parte, Puig no compareció debido a que la justicia belga no ha autorizado su declaración telemática, un hecho que generó tensión entre la acusación y la defensa. El abogado de la Generalitat argumentó que la negativa de Bélgica a la extradición de Puig en anteriores ocasiones refuerza la idea de que su actuación no constituye un delito.

Durante la vista, el exdirector de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio de Cataluña, Jusèp Boya, defendió la actuación de los exconsellers. «Siempre trabajaron con el convencimiento de que las obras debían seguir formando parte de las colecciones catalanas», señaló. Boya subrayó que las decisiones se tomaron bajo criterios técnicos y de conservación, y no con la intención de desacatar una orden judicial.

Por su parte, la acusación, encabezada por la representación del Gobierno de Aragón, insistió en que la Generalitat dilató injustificadamente la devolución de las piezas, incumpliendo reiteradamente los plazos establecidos. Además, señalaron que la resistencia a la entrega de las obras fue una maniobra política con la intención de evitar un precedente que pudiera afectar a otras colecciones en disputa entre Aragón y Cataluña. El proceso ha despertado un gran interés mediático y político. A las puertas del juzgado, varios dirigentes de Junts y otras formaciones independentistas mostraron su apoyo a los exconsellers, denunciando lo que consideran una persecución judicial por motivos políticos. «Es evidente que se está utilizando la justicia con fines políticos para castigar a quienes defendieron el patrimonio catalán», declaró la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Fiscalía

La Fiscalía solicita para Puig una multa de 5.940 euros y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. Para Vila, la pena se decidirá en el juicio que enfrentará en mayo, aunque se prevé una solicitud similar.

El litigio por las obras de Sijena ha sido uno de los conflictos patrimoniales más tensos entre Aragón y Cataluña en las últimas décadas. La Generalitat ha defendido históricamente la legalidad de las adquisiciones, mientras que el Gobierno aragonés ha insistido en que las compras fueron irregulares y que el patrimonio debe regresar a su lugar de origen.

El juicio ha quedado visto para sentencia, y se espera que el fallo se conozca en las próximas semanas. Mientras tanto, el debate sobre el destino de las obras de Sijena sigue más vivo que nunca, con implicaciones no solo legales, sino también culturales y políticas.