Política

Nueva polémica en el Parlamento regional a cuenta de la limitación de las proposiciones de ley que van a cada pleno

Por otro lado, la Mesa de las Cortes acuerda habilitar enero como período extraordinario de sesiones

Carlos Pollán preside la reunión de la Junta de Portavoces. En primer término, el popular Ricardo Gavilanes
Reunión de la Mesa de las CortesEduardo MargaretoIcal

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha acordado hoy la habilitación como periodo extraordinario de sesiones del mes de enero de 2025 para la celebración de diversos asuntos, tal y como contempla el artículo 23.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

La habilitación del mes de enero, cuya iniciativa ha partido de la mayoría absoluta de los procuradores, estará destinada a la celebración de la Comisión de Economía y Hacienda para la tramitación de los Informes de Fiscalización presentados por el Consejo de Cuentas de Castilla y León y las propuestas de resolución de los Informes de Fiscalización; y para la tramitación en la Comisión de la Presidencia de los asuntos relativos al control de la aplicación del principio de subsidiariedad en los Proyectos de Acto Legislativo de la Unión Europea.

Junta de Portavoces

Por otro lado, los grupos que conforman las Cortes de Castilla y León se han enfrentado este jueves a cuenta de un supuesto acuerdo interno para limitar a una por pleno el número de proposiciones de ley que pueden debatirse en la Cámara autonómica, algo que no contempla el propio reglamento del Parlamento.

Según el PP, fue el pasado mes de agosto cuando todos los grupos parlamentarios firmaron este acuerdo para limitar el número de iniciativas legislativas en cada sesión, algo que tanto el PSOE como Podemos niegan.

Preguntado en la rueda de prensa posterior por el documento de este acuerdo y si está firmado por todos los portavoces, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha defendido su existencia y que este sí está rubricado por sus homólogos, aunque desde la formación no han presentado dicho documento, algo que tampoco refleja el acta de la Junta de Portavoces.

Por su parte, según avanza Efe, fuentes del Grupo Socialista han negado que ellos firmaran un documento que, en la práctica, afecta al poder del legislativo al limitar el número de iniciativas que pueden debatirse en cada sesión, algo que tanto el portavoz de los socialistas, Luis Tudanca, como el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, han tildado de "antidemocrático" tras la Junta de Portavoces.

"Nosotros lo que defendemos es el acuerdo de agosto", ha argumentado el portavoz del PP, que ha acusado al PSOE y a Podemos de no querer que se incluya en el orden del día del próximo pleno una iniciativa legislativa del PP en materia sanitaria.

Sin embargo, tanto el portavoz del PSOE como el de Podemos en sus intervenciones ante los medios no han pedido que no se incluyera en el orden del día esta iniciativa del PP, sino que lo que han reclamado es que, además de esta, también se sumara al debate una proposición de ley de los socialistas sobre la ley de derechos y garantías al final de la vida, que también pretendieron sin éxito que se debatiera en el anterior pleno.

No obstante, al estar en vigor este supuesto acuerdo de agosto, tanto el PP como Vox, al amparo del letrado de las Cortes, han decidido limitar a una, a la propuesta del PP, las leyes que se debatirán en el siguiente pleno, excluyendo así la del PSOE.

"No entiendo por qué no se pueden debatir dos leyes en un mismo pleno", ha expresado Fernández (Unidas Podemos), mientras que desde el PP, Gavilanes ha argumentado que, desde que está en vigor este acuerdo de agosto no se han debatido más de dos proposiciones de ley en las Cortes.

Sin embargo, en la pasada sesión plenaria del 24 de septiembre, cuando este supuesto acuerdo ya estaba en vigor, se debatieron en las Cortes la toma en consideración de dos leyes: la de Concordia, de PP y Vox, y la de Agentes Medioambientales, del PSOE.

Por todo ello, tanto el PSOE como Podemos han avanzado que estudiarán si existe posibilidad de presentar un recurso contra esta decisión de la Mesa de las Cortes, basada en este supuesto acuerdo de agosto, de limitar el número de leyes que se debaten en cada sesión