El Gobierno de Castilla y León pone sus ojos en las empresas que no tienen actividad en su país sino en un estado miembro pero que su actividad interfiere en el mercado perjudicando a las firmas de Castilla y León, y cuya actividad supone un nuevo canal de fraude y de competencia desleal además de un riesgo para la seguridad vial.

Y es que según ha avanzado este martes el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, la Junta de Castilla y León ha puesto en la “diana” de su plan anual de inspecciones a estas empresas denominadas ‘buzón’, además de seguir de cerca a las más infractoras.

El consejero se expresaba así en la inauguración de la jornada ‘Coordinación y especialización en materia de Inspección de Transportes’, organizada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Junta, donde advertía de que estas compañías “ficticias” que tratan de “copar” títulos y autorizaciones del transporte, lo que genera “inseguridad jurídica” para el resto de firmas del sector, porque ven cómo tienen que cumplir con las normas y los costes que todo ello supone, sin que otros competidores lo hagan.

“Nos tienen muy preocupados”, insistía el titular de Movilidad, en declaraciones recogidas por Ical, mientras apuntaba que estas compañías son objetivo del plan anual de inspecciones al transporte, que desarrolla la Junta en colaboración con la Guardia Civil y otras estructuras de la Administración del Estado.

Asimismo, explicaba que también se centran en las empresas “más infractoras” porque la Junta apuesta por garantizar el cumplimiento de la ley, con el fin de que no haya situaciones que entrañen riesgo desde el punto de vista de la seguridad vial, pero tampoco que generen competencia desleal, a través de compañías que ahorran costes al no cumplir con sus obligaciones legales.

"Se trata de que las reglas del juego estén claras para todos los actores del sector", afirmaba el consejero, para quien la colaboración de la Junta con la Guardia Civil es muy importante al respecto, y ponía en valor la inversión de 500.000 euros, a través de los fondos europeos Next Generation, para adquirir básculas móviles y material informático que permita digitalizar la actividad inspectora que ejecutan en carretera los agentes del instituto armado, en cooperación con los profesionales de la Comunidad.

De los 1.300 agentes de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico de Castilla y León, un grupo de 70 participa en estas acciones.

Y es que de las 18.000 infracciones denunciadas en 2023, la mayoría tenía que ver con el régimen de descansos y también con el exceso de carga de los vehículos, ambas relacionadas -dijo- con la seguridad vial, según recordaba el teniente coronel jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León, Francisco González Iturralde, explicaba, por su parte, que