La Federación de Turismo Rural de Castilla y León y la Asociación de Turismo Rural de Ávila claman contra el nuevo Registro de Viajeros

El próximo 2 de diciembre entra en vigor el nuevo Registro de Viajeros. Una medida del Gobierno de España muy impopular para el sector, y que ha hecho que la Federación de Turismo Rural de Castilla y León y la Asociación de Turismo Rural de Ávila (ATRA) clamen contra una medida que “es muy negativa”, ya que “supone un menoscabo al turismo y su actividad”, debido a que los viajeros tanto internacionales como nacionales con la entrada en vigor del Registro “deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento”.

En este sentido, el presidente de la Federación de Turismo Rural de Castilla y León, Ángel Carreras; y el vicepresidente y presidente de ATRA, Daniel Pérez, reivindican, en declaraciones a LA RAZÓN, que parecía que el día que se debía impulsar el nuevo Registro no iba a llegar, y que a pesar de llevar “más de tres años de reuniones, pliegos y de presentar reclamaciones escritas” siguen sin atender “nuestras reivindicaciones”.

Al respecto, denuncian que el Ministerio de Interior les endosa el nuevo parte de registro de viajeros haciendo “oídos sordos a nuestras quejas, reivindicaciones y reclamaciones de los últimos años”.

Sobre la medida tanto la Federación de Turismo Rural de Castilla y León como ATRA aseguran que la medida “no cumple con la Ley de Protección de Datos” y atenta contra “las libertades de viajeros”.

En este sentido, critican también que la medida “supone una mayor carga de trabajo” para las empresas del sector, aunque, añaden, que “en el turismo rural es donde más vamos lo vamos a notar, ya que son negocios familiares donde en la mayoría de los casos todos hacemos de todo”.

Acciones legales

Por este motivo, desde la Federación de turismo Rural de Castilla y León y desde ATRA no descartan “emprender acciones legales contra el Real Decreto 933/2021 sobre el Registro de Viajeros”. Y es que critican “el impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas”. Asimismo, consideran que la impugnación permitiría “defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos”.