Utilitarios frente a alta gama: la desigual lucha contra el narco

La Policía Nacional utiliza dos tipos de vehículos: los Z, rotulados e identificados, y los K, que van camuflados. Ambos son coches de gama media frente a los automóviles de lujo que usan los narcos y con los que es común que, por ejemplo, salgan desde la Costa del Sol a toda velocidad en dirección a Francia. Es una de las casuísticas con la que se enfrentan los agentes en el día a día de la lucha contra el crimen organizado, asentado especialmente en Andalucía como frontera y pórtico de Europa. Sólo los secuestros –según el último balance de Interior– aumentaron un 142%, fruto en gran medida de los ajustes de cuentas y los vuelcos entre bandas. De la mano de los planes antidroga, bajó, levemente el tráfico de sustancias en la comunidad, un 0,8%. «Las incautaciones de hachís han disminuido pero han subido las de cocaína. Antes eran narcotraficantes de la zona y ahora se está viniendo bandas especializadas de fuera», señaló a LA RAZÓN el secretario regional del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) Ángel Becerra. Los agentes reclaman «medios y medidas» ante la proliferación de redes organizadas.

Según el catálogo de puestos de trabajo, «el 94% está cubierto» en Andalucía. «El problema radica en que no se actualiza, las poblaciones están creciendo y desde el 2002 no se amplía, y si sumamos la población flotante, turismo, etc.» los efectivos se ven desbordados. Al margen del Cuerpo Nacional y la Guardia Civil, donde hay mayor falta de efectivos es en la Policía Adscrita. El Catálogo de Puestos de Trabajo de la Dirección de la Policía fija la dotación de este cuerpo autonómico en 725 funcionarios. Ahora cuenta con 383 efectivos, por lo que la plantilla está al 52%.

Más de un centenar de bandas actúan en la comunidad, instaladas sobre todo en la Costa del Sol, generando más de 800 operaciones policiales al año. La batalla contra el crimen organizado es policial, judicial y social. «Los policías se ven acosados por los narcos en destino», señalaron desde el SUP. Los planes antidroga están provocando que la actividad se este incrementando «en otras provincias como Almería, Málaga o Huelva», por lo que «son necesarios refuerzos en costas y en el río». El SUP, además de más medios, reclama que «sea considerada la zona del Campo de Gibraltar como de especial singularidad» y que «se incentive» a los agentes, «aparte de darle medios», de forma económica y «con concursos de ascensos y gratificaciones». El secretario regional del SUP, Ángel Becerra, denuncia también que «los compañeros se están viendo acosados por los narcotraficantes una vez que están en destino, y eso lo estamos sufriendo día a día».

«Han llegado al punto de utilizar hasta armamento militar y, con ello, las situaciones de peligrosidad a la que se enfrentan los agentes van a más. Lo más triste es que ya no sabemos cómo decirlo para que se tome consciencia de lo que se está viviendo y sufriendo y, lo más importante, se actúe en consecuencia», según María del Carmen Villanueva, secretaria general provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz.

El Plan Antidroga en el Campo de Gibraltar está desembocando en un efecto dominó provocando que el narco se traslade a otras provincias «como Almería, Málaga o Huelva», señalaron desde el SUP, por lo que se hace necesario «incrementar el número de funcionarios y reforzar la seguridad en Andalucía con todo lo que tenga que ver con costas o con el río». En agosto de 2018 entró en vigor el plan especial antidroga en la Comarca de Gibraltar y ya se atisba una menor tasa de delitos en la zona al tiempo que el tapón policial ha llevado a los delincuentes a buscar nuevas rutas, como la fluvial por el Guadalquivir. El cártel andaluz requiere de un refuerzo policial en el Campo de Gibraltar ya que se ha movido el negocio ilegal e ilícito de zonas e incluso ha provocado la colaboración entre clanes de la droga –con grupos de WhatsApp o Telegram para avisarse de controles– y hay que considerar la colaboración de parte de la ciudadanía, que ve en la vigilancia y otros delitos relacionados con las drogas un sustento dentro en zonas muy castigadas por el desempleo. Un chaval dedicado al narcotráfico, de 14-15 años, por estar una tarde de punto, vigilando, puede ganar 1.500-1.800 euros. Por hacer de narcogasolinera, lo que no pasa de sanción administrativa por la que se declararán insolventes, pueden ganar 3.000 o 4.000 euros. La sensación de «impunidad» es evidente. Los agentes se quejan de que cuentan con «medios irrisorios en comparación con los narcos». La Guardia Civil pide aumentar la plantilla y que se dote de medios suficientes para combatir esta lacra y una violencia que se ha llevado a agentes como Fermín Cabezas en Algeciras o Agustín Cárdenas en Jerez. La AUGC pide también un «refuerzo judicial»: «¿De qué sirven estas operaciones si los juzgados están saturados?».