La traición del PSOE: financiación singular en la víspera del 4D andaluz

El PSOE encara su 41 Congreso Federal en Sevilla con la sombra de la corrupción encima por el «caso Koldo» y con un asunto que podría romper definitivamente el equilibrio territorial de España: la financiación singular de Cataluña. El cónclave que respaldará por aclamación a Pedro Sánchez como líder del partido podría blindar la propuesta pactada entre el PSC y ERC como condición para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Un extremo duramente criticado por los presidentes autonómicos –incluso por el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page– y que desde Andalucía se ha venido alertando de sus efectos perversos. El PSOE, además, impulsaría la medida a nivel orgánico en vísperas del 4D, el Día de la Bandera de Andalucía que la Junta institucionalizó en 2022 en recuerdo de las manifestaciones que sacaron a la calle a miles de andaluces en 1977 para reclamar la autonomía. Un proceso que, precisamente, reclamaba igualdad y solidaridad entre regiones, justo lo contrario de lo que se desprende del pacto fiscal catalán.

El PSOE-A, con su líder Juan Espadas cada vez más cuestionado internamente, ha mantenido una postura tibia en relación a este asunto, puesto que esta nueva cesión supondría una merma en los recursos para Andalucía. Recientemente, Espadas llegó a asegurar que la medida supone una «oportunidad» para desbloquear la reforma pendiente de la financiación autonómica.

En el marco del congreso, la federación socialista andaluza incluye en sus enmiendas a la ponencia marco algunos aspectos relacionados con una reforma que no termina de cuajar. En primer lugar, reivindica el acuerdo del Parlamento andaluz de 2018 y reclama que el nuevo sistema «garantice que la ciudadanía tenga acceso al mismo nivel de servicios públicos en todas las comunidades, con suficiencia financiera en cada autonomía para sostener dichos servicios». El pacto, suscrito por todos los grupos políticos salvo Ciudadanos, reclamaba la nivelación de todos los servicios públicos y una partida de 16.000 millones de euros que subsanara las deficiencias que padecía Andalucía. Para subsanar las diferencias, Andalucía proponía al Gobierno central mantener la cesión del IRPF en el 50% y subir la del IVA y los Impuestos Especiales al 70% o armonizar los tributos cedidos tradicionales y marcar mínimos de regulación nacionales para impedir agravios comparativos entre comunidades.

Ahora, el PSOE-A «apuesta por la negociación multilateral entre todas las comunidades sobre la financiación autonómica, por reforzar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y por incluir en el nuevo sistema los controles e incentivos necesarios para garantizar el carácter público, de excelencia y de acceso universal de los servicios públicos». A nivel más técnico, las enmiendas a la ponencia plantean «la revisión del concepto de habitante ajustado para garantizar un cálculo más preciso y actualizado del coste de los servicios públicos, y la implantación de una cláusula de reequilibrio automático del sistema para limitar las grandes diferencias en la financiación por persona».

La Junta viene subrayando las consecuencias de la «infrafinanciación» que padece Andalucía, además de reclamar un fondo de nivelación transitorio hasta que se alumbre un nuevo sistema. Pero no sólo es el Gobierno andaluz el que alerta de esta situación. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) aseguró en un informe que la comunidad autónoma pierde cada año 1.409 millones con el modelo actual. El documento, igualmente, cifra ese fondo de compensación en 3.277 millones de euros, que se repartirían de la siguiente manera: 1.409 millones para Andalucía, la comunidad con mayor población; 1.148 para la Comunidad Valenciana, 405 para Murcia y 315 millones de euros para Castilla-La Mancha. Además, la comunidad recibe por cada andaluz 170 euros menos que la media, 222 euros menos que los ciudadanos de Cataluña y 624 euros menos que los de Cantabria, que es la comunidad que recibe una mayor financiación por habitante.

En septiembre, coincidiendo con el arranque del curso político, el Gobierno andaluz llamó a la movilización contra el cupo catalán y anunció su intención de armar un frente común con agentes económicos, sociales, políticos, administrativos y académicos para «la defensa política, social y, llegado el caso, jurídica del consenso de 1978 y del modelo de solidaridad y cohesión social». Se pretendía así emular las manifestaciones por la autonomía, pero esta acción parece que se ha guardado en un cajón. El 4D era la fecha idónea, pero el panorama ha cambiado tras la reciente DANA y los casos que salpican al PSOE.