Dinero para los Mossos d’Esquadra pero no para la Policía Adscrita en Andalucía

El relato del agravio siempre genera rédito político aunque hay ocasiones en las que la realidad sustenta sobradamente la crítica. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó ayer nuevamente al Ministerio del Interior la firma antes de fin de año del convenio para ampliar los medios humanos de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita, que se encuentra «al límite de su capacidad operativa» porque cuenta actualmente con «apenas 366 agentes, la mitad de los estipulados».

La petición por parte del actual Gobierno andaluz no es nueva. Andalucía lleva desde 2019 exigiendo al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska que dote de los efectivos necesarios a la Unidad de Policía Adscrita. A diferencia de otras comunidades autónomas, Andalucía no cuenta con una policía autonómica. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, permite a aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos recojan la posibilidad de crear Cuerpos de Policía propios y no hicieran unos de tal competencia, la posibilidad de adscribir una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía . Y eso es lo que hizo la comunidad el 21 de Diciembre de 1992 un Acuerdo Administrativo de Colaboración en Material Policial con el Ministerio del Interior. Por tanto, cualquier dotación depende del Gobierno de España.

«Esta unidad funciona hoy con apenas 366 policías, la mitad de los efectivos que están estipulados y eso significa que estamos al límite de nuestra capacidad operativa, lo que supone una tensión añadida al ejercicio diario que hacéis todos y cada uno de vosotros, porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones estatutarias, pero lo hacemos con la mitad de los efectivos de los que deberíamos disponer», detalló ayer Moreno durante el acto de imposición de condecoraciones de la Orden al Mérito Policial de la Unidad de Policía Adscrita.

En enero de este año, y tras cuatro años de peticiones vía carta, Marlaska instó a los consejeros de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana, las cuatro gobernadas por el PP, a la renovación de los convenios sobre Unidades Adscritas de Policía Nacional y asumir el coste de la mitad de esta. Andalucía aceptó su propuesta, pero dicha firma no se ha producido. La intención de la Junta era que mientras se firmaba el convenio se adscribiera con carácter de urgencia un número mínimo de 125 funcionarios mediante la modalidad de comisión de servicio.

«Desde la máxima educación, diálogo, corrección y lealtad institucional, como nos gusta hacer las cosas, volvemos a insistir en que no es un capricho, sino una necesidad y también una obligación por parte del Ministerio del Interior firmar en este mismo año ese acuerdo», argumentó Moreno.

Hay que recordar que dentro de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y ERC, el Gobierno de España transfirió a finales de 2023 un total de 1.600 millones de euros a la Generalitat para los Mossos d’Esquadra hasta 2030. Según cálculos del entonces Gobierno catalán –hoy presidido por Salvador Illa–, este dinero les permitirá desplegar 3.000 agentes más hasta 2030.