Los ingenieros recurren ante el Supremo el encargo del puente de la SE-40

Las patronales de las empresas de ingeniería vuelven a la carga contra el departamento de Óscar Puente. Las organizaciones CÍES (federación de asociaciones de empresas de Conocimiento e Ingeniería de España) y CEACOP (círculo de empresas andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública) han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo recurriendo la autorización del Consejo de Ministros que, con carácter constitutivo, dio carta de naturaleza al segundo encargo del Ministerio de Transportes a la empresa pública Ineco para la redacción del proyecto de construcción del puente de la SE-40 sobre el río Guadalquivir. Este segundo encargo incorporó el diseño del puente en metodología BIM, como establece la normativa vigente. Con la reformulación del contrato, el encargo alcanzó la cuantía de 13.120.000 euros y, al superar los 12 millones, ha requerido de una autorización expresa del Consejo de Ministros.

Lo que discuten las ingenierías, también en este caso concreto, es que en esas encomiendas no cabe una subcontratación por parte del medio propio por encima de los límites legales, lo que probaría además la ineficiencia de Ineco para realizar por sí mismo el proyecto. Junto a ello, las patronales reclaman que la mayor eficiencia del medio propio para realizar el encargo frente al mercado ha de probarse caso a caso, lo que niega el Estado. Son justamente estas cuestiones las que se elevan para su conocimiento ante el Tribunal Supremo, recurriendo la autorización del Consejo de Ministros por ser dicha autorización la que causa un «perjuicio irreparable» a derechos e intereses legítimos de los recurrentes.

Esta decisión se suma a los recursos ya presentados a la primera encomienda del Ministerio a Ineco ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y seguidamente ante la Audiencia Nacional.

El recurso inicial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) –dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública– estimó parcialmente la demanda de las patronales y anuló la primera adjudicación directa al medio propio. Aun así, el Ministerio de Transportes decidió asignar nuevamente la redacción del puente más singular y complejo de España a Ineco, una empresa pública «sin referencias en la materia a pesar de la contrastada solvencia de las ingenierías privadas especializadas y la solicitud directa de las empresas para que se licitase un procedimiento abierto en concurrencia competitiva».

Ante esta situación, ambas patronales decidieron proseguir en sus acciones de defensa del sector y llevar, hace un mes, la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre el primer encargo ante la Audiencia Nacional, al entender que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público.

En concreto, las ingenierías esgrimen que no está justificada la mayor eficiencia y eficacia de la adjudicación directa frente a la licitación pública (Ineco no tiene experiencia en diseño de puentes y asignarle directamente este proyecto es más caro que una licitación) y consideran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios superando ampliamente este límite.

Por último, tampoco están motivadas las razones de urgencia y seguridad que pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional de la encomienda en lugar de la licitación. En este sentido, hay que recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995. Este recurso ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional.